​UGT lamenta profundamente la falta de humanidad, altura política y rigor de la declaración resultado del Consejo Europeo extraordinario, así como la actitud del Gobierno español. La prioridad del Consejo debía ser impedir que murieran más personas en el mar y sin embargo sus medidas se dirigen exclusivamente al control de fronteras, sin preocuparse de las personas. 

En la carta dirigida a los Estados miembros para invitarles a participar en el Consejo Extraordinario de ayer día 23, el Presidente del Consejo señalaba que la prioridad de esta reunión era impedir que mueran más personas en el mar. Pero estas intenciones del Presidente, no sirvieron de nada. Tras un primer punto donde los líderes europeos declaran que efectivamente, su prioridad inmediata es evitar que más personas mueran en el mar, las medidas concretas que presentan, nada tienen que ver con este objetivo y si con que las prioridades son la vigilancia en fronteras e incluso, colocar la frontera en otros países para evitar que las personas, es decir, “subcontratar” a países de origen y tránsito para que no dejen pasar a aquellos que tratan de llegar a Europa, “externalizando” las fronteras de la Unión. Como siempre, corto plazo, no reconocer la responsabilidad que tiene la Unión, sus estados miembros, sus empresas, su política comercial, en la situación de determinados países, confundir a la opinión pública con una política de migración que en realidad no lo es y aceptar los muertos como un coste menor. 

Su prioridad nunca han sido las personas, y menos si no tienen la nacionalidad de un estado miembro o un estatus económico adecuado. Una declaración que no tiene como objetivo salvar vidas. Y una concepción de la política de inmigración donde lo excepcional y que requiere medidas excepcionales, se convierte sin embargo en el núcleo de la política.  Pero ni siquiera en esto la Unión es capaz de hacer una política integral respecto a la excepcionalidad; si hablamos de inmigración irregular, tendremos que hacerlo en referencia a todas las fronteras terrestres y marítimas, recordar que la vida y el respeto a los derechos humanos es lo primordial en todas ellas, ser menos hipócritas. No son sus muertos, son los nuestros, por nuestra desidia, por la falta de humanidad, porque interpretamos las normas según nos interese y porque Europa, incluida España, quiere seleccionar la inmigración que le llega, incluida la que lo hace de forma irregular. 

¿Y el papel del Gobierno español?. En nuestro caso, tenemos frontera terrestre y marítima. EL Ministro del Interior hizo unas deplorables declaraciones acerca de que las operaciones de salvamento tienen un efecto llamada y que, interpretando estas palabras, vendrían a significar que si no se ponen medios para el rescate  los muertos servirían así de escarmiento a los demás y ya hemos visto que el Ministro no tenía razón. 

Habrá sido un alivio para el Gobierno español, que tiene un horizonte de pensamiento bastante corto tanto hacia el pasado como hacia el futuro, que esta declaración se refiera exclusivamente a las fronteras marítimas, porque la medida que habla de tramitar las solicitudes de asilo, implica la identificación de las personas, y eso, en el caso de las fronteras de Ceuta y Melilla, tras la modificación de la LOEX que permite las devoluciones en frontera (o sea, después de haberlas cruzado) le supondría más cuestionamientos de los que ya está teniendo por parte de organismos internacionales. 

Pero olvida el Gobierno español que nuestras fronteras también son marítimas y que en todos estos años, las redes de tráfico de seres humanos van cambiando las rutas en función de varios factores. Y que hoy son Italia y Grecia el destino porque el principal país de tránsito es Libia, pero mañana podemos volver a ser nosotros, u otro país distinto;  ya lo fuimos en el pasado, bien hacia las costas andaluzas, bien hacia Canarias. 

Resulta de una hipocresía difícil de soportar, que el Gobierno de España se ofreciera a llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la situación de los migrantes en el mar; a las mismas Naciones Unidas que han cuestionado en su examen periódico universal, en el Consejo de Derechos Humanos, en declaraciones de distintos responsables, la actuación de España de convertir en “legal” una práctica que no lo es, desde el punto de vista internacional, las devoluciones en caliente o las consecuencias de haber eliminado la asistencia sanitaria a inmigrantes.