​El pasado viernes, 27 de octubre, el Senado español aprobó el Acuerdo comercial entre España y Canadá (CETA). Tras haber pasado ya por el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y el Congreso de los Diputados, la Cámara Alta aprobó este acuerdo con 157 votos favorables del PP y PNV, 60 abstenciones del PSOE y 20 votos en contra de Unidos Podemos.

En un trámite del pleno, tras el intenso y maratoniano debate sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, en un ejercicio de filibusterismo político, a espaldas casi de la población y los agentes sociales de nuestro país, se aprobó un tratado comercial que es insuficiente, con muchas incertidumbres legales y en el que los derechos de los trabajadores siguen sin estar suficientemente protegidos.

Un acuerdo que representa una pérdida de soberanía, no solo para España, sino también para el conjunto de la UE, y que supondrá la destrucción, a medio plazo, de decenas de miles de puestos de trabajo.

El Partido Popular ha conseguido que el trámite en el Senado pase casi desapercibido y tengamos un tratado injusto y desigual, negociado a espaldas de los ciudadanos, y pensado sobre todo para preservar los intereses de las grandes corporaciones, bajo el precepto liberalizador de la Comisión Europea. 

Un acuerdo que no asegura los servicios públicos; que es confuso en relación a las disputas entre el inversor y el Estado; que no asegura la preservación de los estándares sociales, laborales y medioambientales frente a los mercados; o que no establece un mecanismo de sanciones que castigue las infracciones laborales o medioambientales, entre otras cuestiones.

Por ello, frente al CETA y sus consecuencias, UGT seguirá defendiendo un comercio justo que cree riqueza y progreso de manera igualitaria, y unas relaciones comerciales que respeten normas justas y democráticas.