UGT denuncia el giro hacia posiciones de ultraderecha en la nueva política europea de retornos
El sindicato advierte de que el endurecimiento de las expulsiones y la externalización de centros de retorno ponen en riesgo derechos fundamentales y pueden aumentar la explotación laboral
Fecha: 26 Mar 2026
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) muestra su preocupación ante la reciente aprobación en el Parlamento Europeo del inicio de negociaciones sobre el nuevo reglamento de retornos, impulsado con el respaldo de fuerzas de la derecha y la ultraderecha, que redefine el marco común para la gestión de personas migrantes en situación administrativa irregular en la Unión Europea.
El texto aprobado introduce cambios de gran calado en la política migratoria europea. Entre ellos, destaca la posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países, incluso distintos a los de origen de las personas migrantes, así como un endurecimiento general de los procedimientos de expulsión. Asimismo, se refuerzan las obligaciones de cooperación de las personas afectadas y se amplían las posibilidades de detención, tanto en sus causas como en su duración.
Para UGT, este enfoque supone un giro preocupante hacia políticas más restrictivas, que pueden tener un impacto negativo en los derechos fundamentales de las personas migrantes. En particular, el sindicato alerta sobre los riesgos asociados a la externalización de los retornos, las condiciones en los centros ubicados fuera de la UE y la posible prolongación de situaciones de internamiento.
Además, UGT subraya que el incremento de la presión sobre las personas en situación administrativa irregular puede agravar su vulnerabilidad en el mercado de trabajo, favoreciendo contextos de mayor precariedad y exposición a la explotación laboral. El miedo a la detención o expulsión dificulta que estas personas puedan denunciar abusos o defender sus derechos, lo que repercute negativamente en el conjunto de las condiciones laborales.
El sindicato considera que la política migratoria europea debe orientarse hacia la garantía de derechos, la inclusión social y laboral y la promoción de condiciones de trabajo dignas para todas las personas. En este sentido, insiste en la necesidad de priorizar medidas que reduzcan la explotación, refuercen la integración y aseguren una competencia justa en el mercado laboral.
