​La Unión General de Trabajadores ha vuelto a denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la situación del mercado laboral en España tras la llegada del Gobierno del Partido Popular, con una marcada ausencia de diálogo social tripartito en nuestro país, al menos hasta julio del año pasado, y la imposición arbitraria de la reforma laboral.

Durante la 104º Conferencia de dicha organización se ha vuelto a discutir, en la Comisión de Normas, entre otros, 24 casos de incumplimiento de las normas ratificadas por los distintos países. Es la segunda vez que se discute el mismo caso, ya que en la Conferencia de 2013 esta Comisión realizó una serie de recomendaciones que el Ejecutivo de nuestro país ha incumplido claramente, como la evaluación, con la participación de los interlocutores sociales, del impacto de las medidas adoptadas sobre el empleo; la implementación de una política activa para generar oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes y otros colectivos afectados por la crisis; y el aumento de los esfuerzos para reforzar el diálogo social.

El sindicato, frente al discurso triunfalista del Gobierno, ha denunciado esta situación, además del contexto actual en materia de empleo en nuestro país, caracterizado por “casi cinco millones de desempleados en nuestro país, más del 50% de jóvenes sin un empleo, más del 61% de parados de larga duración, casi dos millones de hogares con todos sus miembros en desempleo y los trabajos que se crean son temporales y precarios”, como ha señalado el Responsable de Política Internacional de UGT, Manuel Bonmati.

“El mercado de trabajo español es el motor de la mayor desigualdad de la Unión Europea, tanto por la reducción de los salarios como por la situación de desempleo masivo y de subempleo, que están aumentando los niveles de pobreza en nuestro país”. 

Por ello, ha demandado el cumplimiento del convenio 122 de la OIT, que “impone a los Estados la obligación de llevar a cabo una política activa destinada a promover el pleno empleo, prioridad que no existe en España ya que el presupuesto destinado a estas políticas entre 2010 y 2014 se ha reducido un 48% a pesar de que el desempleo creció en ese periodo casi el 9%; y exige que los representantes de los trabajadores y de los empleadores sean consultados en relación con las políticas de empleo, algo que no ha sucedido con la reforma laboral ni con otras medidas adoptadas por el Gobierno”. 

UGT ha valorado las conclusiones adoptadas por la Comisión sobre el caso de España en relación con la política de empleo, en las que demanda al Gobierno que continúe con el diálogo social constructivo y considere las aportaciones de los interlocutores sociales; o que evalúe, junto a estos interlocutores, los resultados de la política de empleo y elabore programas más eficaces para crear empleo de calidad.

Además, ha exigido al Ejecutivo que garantice el máximo consenso en los programas de Formación Profesional sobre la base de unos servicios públicos fuertes; y que presente en 2015 una memoria a la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio 122, que ya se le demandó en la Conferencia de 2013 e hizo caso omiso.