En julio de 2022, las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos —ATA, UPTA y UATAE— junto con el Gobierno y los interlocutores sociales, alcanzaron un acuerdo histórico sobre la reforma del sistema de cotización de los autónomos.

Ese acuerdo, incorporado al Real Decreto-ley 13/2022, estableció una senda progresiva hasta 2031 para que las personas trabajadoras autónomas cotizaran conforme a sus ingresos reales, dando cumplimiento a las recomendaciones cuarta y quinta del Pacto de Toledo y al objetivo de equiparar derechos y protección entre trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena.

El acuerdo fijó los tramos y bases de cotización hasta 2025, y estableció que antes del 1 de enero de 2026 el Gobierno debía definir el nuevo calendario y las bases correspondientes al periodo 2026-2031, de manera que se completara la transición hacia el sistema definitivo. Este proceso está dirigido  principalmente a las personas que venían cotizando por la base mínima, pese a tener niveles de ingresos muy distintos, motivo por el cual se diseñaron los tramos de rendimientos que reflejan la realidad económica del colectivo.

Por ello, UGT aclara que la propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no supone una subida de cuotas, sino el cumplimiento del compromiso adquirido en 2022 y la obligación legal derivada del propio Real Decreto-ley. Lo que el Ministerio plantea son las nuevas aportaciones necesarios para completar la senda pactada, no un incremento de cotizaciones.

Desde UGT subrayamos que esta senda, aunque no coincida plenamente con la propuesta ministerial, debe fijarse para los próximos ejercicios, salvo que se pretenda implantar ya la cotización directa por ingresos reales a quienes hoy cotizan por la base mínima. Esa aplicación inmediata sí supondría, especialmente para quienes tienen mayores ingresos, un aumento considerable de las cuotas, al ajustarlas de golpe a los rendimientos efectivos.

UGT defiende, por tanto, una implantación gradual, ordenada y dialogada, que garantice el equilibrio entre justicia contributiva, sostenibilidad del sistema y protección social.
El camino acordado en 2022 sigue siendo el correcto: avanzar hacia una cotización justa por ingresos reales, con diálogo social y sin retrocesos.