​Las operadoras de telefonía tienen la obligación, por ley, de ofrecer a sus clientes un número de teléfono gratuito de atención al cliente. Sin embargo, Vodafone ha empezado a cobrar 2,5 euros por la atención telefónica a sus clientes con una treta de dudosa legalidad que, además, destila cierto aroma a tomadura de pelo: argumentan que se cobra por atención a la incidencia y no por la llamada en sí.