La Unión General de Trabajadores muestra su rechazo a la dura y desproporcionada sentencia dictada contra los veinticuatro encausados saharauis que fueron arrestados en 2010 durante el desalojo del campamento de Gdeim Izik, en El Aiun.

La falta de imparcialidad de la sala que los ha juzgado, la ausencia de transparencia del proceso, las denuncias de alguno de los procesados en las que manifestaron haber sufrido tortura por parte de las autoridades policiales de Marruecos para obtener declaraciones y pruebas incriminatorias, el rechazo del tribunal a incluir los nuevos informes médicos que demuestran tales prácticas, el que los propios acusados no hayan participado en el juicio desde hace tiempo, el hostigamiento a las familias de los juzgados y a los propios observadores internacionales, han sido puestas en evidencia por organizaciones tan sólidas y solventes como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o las propias Naciones Unidas. El hecho de que hace un año, la propia Audiencia Nacional española concediera a Hassana Alia el estatuto de refugiado, pone de manifiesto el que estos juicios tengan más naturaleza política que jurídica.

En opinión de UGT, la sentencia emitida por el Tribunal civil de Rabat el pasado miércoles 19 es tan desproporcionada como injustificada, además de cuestionable por los graves defectos de forma que resultan inadmisibles tanto en Derecho internacional como en la propia Constitución del Reino de Marruecos, que en su Código Penal tipifica como delito la tortura y considera las confesiones obtenidas bajo violencia o coerción como inadmisibles ante los tribunales.

Violaciones del derecho internacional

Los ahora condenados saharauis fueron acusados de la muerte de once miembros de las fuerzas de seguridad del estado marroquí durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en 2010, desalojo que se produjo mediante el uso de una fuerza militar y policial del Estado de Marruecos que actuó de manera desproporcionada contra la población civil desarmada, provocando gravísimos disturbios en los que aún no se podido determinar con claridad el numero total de muertos y heridos producidos.

Desde UGT lamentamos profundamente las muertes ocurridas durante dichos enfrentamientos, y expresamos nuevamente nuestra preocupación ante unos hechos que, si no justificados en cuanto a violencia, si son legítimos de una población que exigía en Gdim Izik lo mismo que recientemente esta exigiendo la población del Rif: dignidad, trabajo decente, libertad de expresión, trasparencia o salud y educación dignas. El continuo uso de la violencia y la represión del estado y las maniobras y torpes y faltas de sensibilidad y empatía con los trabajadores y trabajadoras de esas zonas más desfavorecidas demuestran torpeza política y violaciones del Derecho Internacional que han sido puestas en evidencia en numerosas ocasiones.

UGT se suma las denuncias de las organizaciones que califican como nulos estos juicios por graves defectos de forma, subjetividad, parcialidad y abuso y exige se abra una investigación independiente por parte de Naciones Unidas que, en nombre de la comunidad internacional exija cumplir sus resoluciones y la firme defensa de los derechos humanos. Exigimos al gobierno de España que promueva esta iniciativa en la ONU por responsabilidad histórica, por compromiso jurídico en un territorio no autónomo y por la defensa y el respeto a los derechos humanos allí donde sean vulnerados