El documento presentado por UGT resalta la importancia del registro horario como un mecanismo esencial para controlar las horas trabajadas en España, especialmente en lo referente a las horas extraordinarias. Aunque en teoría, el registro horario debería garantizar una correcta contabilización de las horas de trabajo para evitar abusos, UGT sostiene que su implementación en la práctica ha resultado ineficaz. A pesar de la normativa vigente, existe una falta de control efectivo, lo que ha generado una situación en la que un volumen considerable de horas extraordinarias trabajadas no es registradas ni remuneradas de manera adecuada. Este fallo en el sistema de control permite que las empresas continúen explotando la mano de obra con horas extras que no son debidamente compensadas. La reciente encuesta de población activa ha acreditado que en España se realizan a la semana 6 millones de horas extraordinarias de las cuales casi la mitad no se abonan lo que supone una cifra anual de 3.250 millones de euros en retribuciones hurtadas a las personas trabajadoras, en ausencia de contribución a la Seguridad Social y en merma a la hacienda Pública.

El documento subraya que, según los propios datos del Gobierno, solo el 60% de los convenios colectivos vigentes en España incluyen cláusulas que garantizan una remuneración adicional por las horas extraordinarias, dejando a un 40% de los convenios sin esta protección. Como resultado, el 45% de los trabajadores no reciben una retribución extra por el tiempo trabajado fuera de su jornada normal, en contradicción con las disposiciones de la Carta Social Europea. Esta situación es particularmente preocupante desde una perspectiva de género, ya que UGT subraya que las mujeres están más afectadas por la falta de compensación adecuada en comparación con los hombres, lo que agrava la brecha salarial entre sexos.

UGT destaca además que la falta de un sistema adecuado de control en el registro horario y la remuneración de las horas extraordinarias constituye una violación de los compromisos internacionales que España ha adquirido, en particular los establecidos por la Carta Social Europea. Este Tratado Internacional de obligado cumplimiento exige que los trabajadores reciban un incremento en la remuneración por cada hora extraordinaria trabajada, algo que no se garantiza en la legislación laboral española actual. UGT ha solicitado al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que obligue al Gobierno español a modificar su legislación para cumplir con estas obligaciones internacionales, asegurando una protección mínima para todas las personas trabajadoras, independientemente de los convenios colectivos a los que estén sujetos.

En su contestación a las observaciones del Gobierno, UGT también expone las contradicciones del Ejecutivo español. Por un lado, el Gobierno reconoce las deficiencias del sistema y admite que una proporción considerable de trabajadores no recibe una compensación adecuada por las horas extraordinarias. Sin embargo, en lugar de tomar medidas inmediatas para corregir estas deficiencias, el Gobierno se ampara en la promesa de futuras reformas legislativas, que aún no se han materializado, lo que prolonga el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. UGT critica esta postura del Gobierno, ya que no aborda de forma efectiva la situación actual y se limita a prometer soluciones a largo plazo, mientras los trabajadores y trabajadoras continúan sufriendo las consecuencias.
Además, UGT argumenta que las medidas propuestas por el Gobierno, como la posible reforma del sistema de registro de horas en papel y su digitalización para garantizar un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo, aunque positivas, no serán suficientes por sí solas si no se acompañan de una mejora sustancial en la regulación de las horas extraordinarias y su remuneración. El sindicato considera que es inaceptable que el Gobierno confíe en reformas futuras y no actúe de manera inmediata para cumplir con los compromisos internacionales y garantizar los derechos laborales.

» Documento de réplica a las alegaciones del Gobierno