​UGT valora la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de sefardíes pero considera necesario incluir en la medida a otros colectivos igualmente vinculados a España familiar, documental o históricamente. 

El sindicato muestra su preocupación por el cambio de procedimiento para acceder a la nacionalidad por residencia y denuncia la progresiva privatización de tareas que tiene que cumplir el Registro Civil y las consecuencias que esto puede tener tanto para los solicitantes como para el empleo público.

La Unión General de Trabajadores espera que durante el trámite en el Senado del Proyecto de Ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, el Grupo Parlamentario del Partido Popular se haga eco de las reivindicaciones de distintos colectivos igualmente vinculados familiar, histórica y/o documentalmente con España -como los descendientes, hijos o nietos, de españoles de origen que, por una u otra razón, quedaron fuera del proceso abierto en su momento, o los saharauis que tuvieron documentación española y sus descendientes directos- que piden un tratamiento similar.

Además, el sindicato manifiesta sus dudas respecto al cambio propuesto en el procedimiento para acceder a la nacionalidad por residencia que afectará a quienes residen en España y será posteriormente desarrollado en un reglamento.

Se condiciona el acceso a la nacionalidad a demostrar, mediante una prueba de idioma, conocimiento y compromiso con los valores constitucionales, un suficiente grado de integración en la sociedad española.

Las pruebas serán realizadas por el Instituto Cervantes, un organismo que no está concebido para intervenir en un proceso de este tipo -especialmente por lo que respecta a la prueba de integración y que puede tener carácter decisorio a la hora de conceder o no la nacionalidad a una persona-. 

En el mismo sentido, se hace referencia, nuevamente a la intervención del Colegio de Registradores de la Propiedad mediante una encomienda de gestión del Ministerio de Justicia que abonará 4 millones de euros al Colegio por tramitar los expedientes de nacionalidad presentados entre uno de enero y 31 de diciembre de 2014, gestión que antes realizaba el Colegio de manera gratuita.

Esto supone una nueva sustracción y una dejación de competencias, por ello UGT pide al Grupo Parlamentario Popular que reflexione sobre el cambio sustancial que se pretende introducir en el acceso a la nacionalidad por residencia, ya que además de no haber sido abordado en los órganos de consulta preceptivos, ahonda en la progresiva retirada de funciones a los registros civiles y a los jueces, haciendo depender la concesión de la nacionalidad de un examen de lengua e integración que queda en manos de instituciones ajenas al Registro Civil y que, según se concrete, podría ser otro elemento excluyente del acceso a la nacionalidad de parte de la población inmigrante, especialmente de quienes tengan menos recursos, menos formación etc.