El sindicato muestra su más enérgica repulsa a esta nueva acometida israelí que demuestra -una vez más- la deriva a un Estado racista, con legislación segregada por grupos étnicos y nacionales, que incide en el apartheid que llevan décadas aplicando en Cisjordania.

Debe recordarse que solo los palestinos estarán sujetos a ser juzgados por la vía militar que aplicará por defecto la pena de muerte por ahorcamiento (en muchas ocasiones, habiéndose conseguido la confesión forzada a través de la tortura), mientras los colonos israelíes lo serán por la vía civil. Pero también el que un Estado se arroga aplicar sus leyes en territorio extranjero, saltándose la soberanía; es decir: Israel aplicará su ley en territorios que ocupa de manera ilegal al Estado palestino, otorgando aún mayor impunidad a los llamados “colonos”, invasores civiles que recurren a la violencia si así lo consideran necesario (sólo en los dos últimos, 2.000 palestinos han sido asesinados en Cisjordania a manos de israelíes, más de doscientos de ellos, menores de edad.

Si en el plano legal esta es una transformación severa, en lo práctico la ley es solo una nueva herramienta de aniquilación étnica, similar a la práctica que han llevado a cabo en Gaza, donde el Estado de Israel aplica una política genocida. Si a esto se suman los bombardeos en Irán y la invasión terrestre del Líbano, podremos encontrar pocos ejemplos recientes en la Historia reciente tan repudiables, que además están creando una enorme desestabilización regional con consecuencias indirectas en gran parte del mundo.

UGT quiere también destacar la connivencia de la ultraderecha europea con las políticas genocidas de sus pares ultras en el gobierno de Israel. Resulta vergonzoso ver cómo la italiana Meloni o Santiago Abascal realizan sus primeras críticas contra Israel cuando se le impide la entrada al Santo Sepulcro al patriarca católico de Jerusalén, pero guardan silencio o aplauden ante los más de 64.000 menores mutilados o muertos a manos del gobierno de Netanyahu.

La legalización de la pena de muerte en este contexto no es un hecho aislado, sino la continuación de una política sistemática de represión, desigualdad y violencia contra el pueblo palestino, que refuerza un sistema que vulnera derechos fundamentales y consolida un marco jurídico discriminatorio que profundiza aún más el conflicto. Ante esta situación, resulta imprescindible que la comunidad internacional y especialmente los Estados de la Unión Europea dejen de mirar hacia otro lado y actúen con firmeza para exigir el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos. El silencio o la inacción sólo contribuyen a perpetuar la impunidad. La defensa de la justicia, la igualdad y la dignidad de todos los pueblos no puede depender de intereses políticos o estratégicos, sino que debe ser un compromiso real y efectivo.