Desde el primer momento, el conjunto del movimiento sindical ha vivido este caso como propio. La condena a seis sindicalistas por actuaciones enmarcadas en la defensa de los derechos laborales ha supuesto un impacto directo sobre el ejercicio de la acción sindical y ha generado una preocupación profunda sobre los límites de la libertad sindical en nuestro país. No se trataba únicamente de seis personas, sino de la propia capacidad colectiva de defender derechos en el ámbito laboral. 

UGT ha estado presente desde el inicio, mostrando su apoyo, solidaridad y movilización junto al resto de organizaciones sindicales, en la convicción de que la defensa de una trabajadora no puede convertirse en motivo de persecución penal. La libertad sindical es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Española, y constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia avanzada.

La concesión de este indulto supone, por tanto, el reconocimiento de que se ha producido un daño real a ese derecho fundamental. Un daño que afecta no solo a las personas directamente implicadas, sino al conjunto de la clase trabajadora y a sus organizaciones.

Desde UGT, queremos asimismo destacar los buenos oficios del Ministerio de Justicia y del conjunto del Gobierno. Primero, con la rápida concesión del tercer grado que alivió una situación profundamente injusta, y ahora con la aprobación de este indulto que corrige, al menos en parte, las consecuencias de una condena que, a nuestro entender, no debió producirse.

Hoy se repara una injusticia, pero también debe abrirse una reflexión más profunda: en una democracia, la acción sindical —la movilización, la protesta, la defensa colectiva de derechos— no puede ser criminalizada. Porque cuando se cuestiona la libertad sindical, se cuestiona la propia calidad democrática.

UGT seguirá defendiendo con firmeza que hacer sindicalismo no es delito, sino una expresión legítima y necesaria de la democracia.