​La Unión General de Trabajadores celebra la decisión del Congreso de los Diputados de aprobar en el día de ayer una moción presentada por el PSOE para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada "Ley Mordaza", refrendando una de las reivindicaciones del sindicato más importantes de los últimos años junto con la necesidad de derogar el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho de huelga.

Una iniciativa que salió adelante tan solo con el voto en contra del PP, lo que demuestra cómo es posible en esta nueva etapa política revertir desde el arco parlamentario las medidas injustas e innecesarias impuestas los últimos años desde el Gobierno, gracias al cambio que la mayoría de los ciudadanos de este país apoyaron en las urnas el pasado 26-J.

Para UGT, esta Ley, aprobada por el PP y que entró en vigor en junio de 2015, supone un error gravísimo al establecer restricciones al ejercicio de derechos fundamentales y cercenar libertades democráticas para acallar la protesta social, algo que es propio de gobiernos autoritarios.

Un toque de corneta autoritario en una situación en la que la inmensa mayoría de la sociedad española quiere más libertad, más diálogo y que se cambien las políticas para poder recuperar la economía y el empleo, y no pegar un puñetazo en la mesa como significa esta ley.

El sindicato ya se ha manifestado en numerosas ocasiones contra una norma que pretende convertir el conflicto social o laboral en un continuo conflicto de orden público, que limita las libertades y que lejos de ofrecer vías de integración y de expresión de los conflictos sociales se opta por la acción represiva.

La propia Comisión Europea ya reprochó al Gobierno de España la "desmesura de esta Ley y el impacto negativo que tendría sobre los derechos de las personas", pero el Gobierno ha continuado apoyando un texto que constituye un retroceso sin precedentes en la historia democrática de nuestro país.

Para UGT, es fundamental adoptar medidas para fortalecer la democracia y hacerla más igualitaria e integradora, después de una Legislatura de mayorías absolutas y regresión en la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ello, el sindicato valora esta iniciativa, pero reclama también la derogación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de tasas judiciales o la supresión del art. 315.3 del Código Penal, que criminaliza el derecho constitucional de huelga, y la exoneración de todos los trabajadores condenados por ejercer este derecho, para conseguir recuperar plenamente los derechos sociales de la población.

Se inicia un nuevo tiempo político alejado de los autoritarismos y decretazos de los últimos años. Los partidos políticos deben ser conscientes de que las personas están cansadas ya de austeridad y recortes, ya no solo en el plano económico, sino también en todo lo referente a sus derechos como ciudadano. Por ello, el sindicato llama a revertir en el arco parlamentario las políticas que han provocado tanto sufrimiento a la población y aprobar nuevas medidas más expansivas que permitan recuperar el Estado de Bienestar que tantos años ha costado construir.