Los sindicatos más representativos de la Función Pública (CCOO, UGT y CSIF) han convocado medio centenar de manifestaciones en ciudades de toda España, desde el 21 de mayo, hasta el 21 de junio, en las que los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) reclamarán mejoras en sus condiciones laborales y retributivas.

 

La Administración General del Estado ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis.

 

Por eso, los sindicatos reclaman un salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario. Para lograrlo, proponen una incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera profesional.

 

Además, CSIF, CCOO y UGT reclaman el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento del 100 % de las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario. Los sindicatos también reclaman el desarrollo y aplicación de la jubilación parcial en el ámbito de la AGE.

 

Los sindicatos exigen también el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, que lleva más de dos años sin avances significativos, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo, entre otras cuestiones, el derecho a la carrera profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones.

 

El secretario de acción sindical de CSIF, Francisco Camarillo, señaló que los empleados públicos de la Administración del Estado han pagado los platos rotos de la crisis económica. “Al depender directamente del Gobierno, nos han tratado como ‘peleles’ para que Rajoy y Montoro pudieran sacar pecho en Bruselas por las políticas de ajuste y hoy hay miles de empleados públicos que no llegan a los 1.000 euros, en contra de lo que siempre se ha dicho de nuestros supuestos privilegios”, subrayó.

 

Durante su intervención, José Manuel Vera, secretario general de CCOO en el sector de AGE, señaló que es urgente recuperar empleo público para que se puedan prestar los servicios públicos imprescindibles para las ciudadanas y los ciudadanos. “En estos años se han perdido 30.000 empleos en la Administración General del Estado” recuerda Vera, quien también plantea “una subida lineal de 200 euros para recuperar el 14% del poder adquisitivo que hemos perdido los trabajadores de la Administración”.

 

Carlos Álvarez, secretario de AGE de la FeSP-UGT, fue tajante, al declarar que todo tiene un límite y el nuestro ya ha llegado. “Ahora, cuando la economía crece, no vamos a permitir que se excluya a los empleados públicos. Es el momento, tenemos que recuperar derechos, ya nos toca. Es urgente que se eliminen los descuentos cuando estamos enfermos”. “La brecha salarial en la AGE debe acabar –ha añadido el responsable de UGT- por eso, reivindicamos la homologación salarial  de laborales y funcionarios”.
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