​UGT, en línea con los criterios de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), considera que es imprescindible que se solicite dictamen del Tribunal de Justicia Europeo sobre la compatibilidad del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea, conocido como CETA, con la legislación europea, y solicita a las y los Miembros del Parlamento Europeo (MPE) apoyen la propuesta de resolución del Parlamento que se votará mañana, 23 de noviembre, en Estrasburgo.

El Secretario de Política Internacional, Jesús Gallego, que se ha dirigido a todos los MPE manifestando el apoyo de UGT a esta resolución, ha apela a la responsabilidad de los parlamentarios españoles para no permitir que la Comisión Europea y las personas designadas para la configuración del llamado sistema judicial de inversiones (ICS) sean las que decidan sobre un instrumento judicial sobre el que existen dudas fundamentadas sobre su compatibilidad con la legislación europea (TEU ó TFU), reservas reforzadas, por ejemplo, con el fallo de 2011 del TJUE  para establecer un tribunal de patentes (sentencia 1/09).

Es la primera vez que en un acuerdo comercial en la Unión Europea se introuce un sistema de protección de inversores. Tanto en el CETA como en el Acuerdo trasatlántico con Estados Uníos, el famoso TTIP, el asunto de los mecanismos de protección de inversores o de resolución de disputas están siendo ampliamente debatidos en la sociedad civil, ha recordado Gallego.

El ICS tendría competencia judicial para tratar asuntos de derecho civil, administrativo, financiero o social. Estaría fuera del marco jurídico e institucional de la Unión Europea, no estaría sometido a ningún órgano judicial superior y, por lo tanto, privaría a los tribunales de los Estados Miembros de su capacidad de interpretación y aplicación de la legislación europea (artículo 19 del TEU o 267 del TFU).