En un contexto de disminución constante del poder adquisitivo de la clase trabajadora turca y aumento de la desigualdad económica, en el que una pequeña élite acumula un porcentaje cada vez mayor de la riqueza nacional, líderes sindicales y políticos están siendo encarcelados bajo acusaciones de corrupción y terrorismo, en lo que muchos ven el uso de tácticas antidemocráticas para reforzar el poder del presidente Erdogan, que se encuentra en cotas mínimas de apoyo popular.

Es importante destacar que estas acciones de represión y detención no son casuales. Desde que asumieron el poder, las autoridades pusieron en marcha -y significativamente tras el llamado intento de golpe de estado en 2016 sobre el que existen sospechas de auto-golpe-, un estado de emergencia permanente que ha permitido restringir libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la reunión. Además, se han llevado a cabo purgas de miles de personas en diversas instituciones como la academica, prensa, sindicatos o en la función pública. Se han vulnerado así derechos fundamentales que afectan tanto a los derechos laborales como a la participación democrática, promoviendo la idea de que las y los trabajadores que cuestionan el empeoramiento de las condiciones laborales o los periodistas que critican las medidas gubernamentales son un potencial riesgo al Estado y utilizando todas las herramientas y resortes propios del Estado para acabar con la disidencia o la oposición política.  

Por primera vez, las encuestas no dan un resultado favorable al partido de Erdogan, lo que, sin lugar a duda, está animando a intensificar la represión política. Recientemente, Ekrem İmamoğlu, alcalde socialdemócrata de Estambul desde 2019 (y que a pesar de los intentos de anulación de su elección por parte del gobierno nacional revalidó su mandato en marzo de 2024, con más de un millón de votos de ventaja), ha sido víctima del sistema de represión política. Su título universitario, titulación imprescindible para concurrir en las elecciones presidenciales, ha sido invalidado por la Universidad Pública de Estambul. Su hogar allanado y, posteriormente, fue detenido con más de 90 de sus colaboradores. Estambul se ha convertido en uno de los focos de defensa de las libertades y de la democracia que hace décadas regia en Turquía, de manera que esta ciudad y su alcalde representan la mayor amenaza para el autoritarismo erdoganista. Esta situación ha llevado a que Estambul esté bajo una especie de Estado de emergencia, con un fuerte despliegue policial y restricciones a las protestas y declaraciones contrarias al gobierno en redes sociales. Otros alcaldes han sido detenidos en circunstancias similares. 

Para los sindicatos, y para un creciente porcentaje de la sociedad turca, se ha creado un sistema monstruoso de leyes basado en documentos fraudulentos o distorsionados, que permite que se persiga a cualquiera que se oponga al papel de "ser un servidor voluntario del gobierno". Ni que decir tiene que los avances en los derechos de las mujeres o la laicidad que se implantaron en la creación de la República de Turquía, bajo el impulso de Mustafa Kemal Atatürk, han sufrido retrocesos de décadas. El régimen actual quiere intimidar en cualquier ámbito donde pueda surgir una oposición social frente a la crisis económica, social y política que atraviesa el país. 

Turquía se encuentra en la categoría número cinco dentro del ranking de Derechos Humanos de la CSI, la penúltima peor clasificación, y que nos indica que los derechos laborales básicos en el país no están garantizados, en este nivel se encuentran países como Irán y Bielorrusia. Un buen ejemplo de cuál es la realidad sindical y laboral en este país.

Las organizaciones sindicales y grupos ciudadanos están decididos a luchar por sus derechos y defender la democracia, organizando movilizaciones, especialmente en Estambul, haciendo un llamamiento a no rendirse ante la represión. La creciente unión del conjunto de la ciudadanía turca contra el régimen opresor de Erdogan es para nuestros hermanos de los sindicatos turcos la única forma de salir de esta situación. UGT apoya su lucha a resistir y de unir fuerzas para que triunfen los valores democráticos, y exige la liberación inmediata de los sindicalistas arbitrariamente detenidos y de los alcaldes opositores, y pide al gobierno de España y a la Unión Europea exijan al gobierno turco el cumplimiento de la legislación internacional y el respeto a las normas democráticas y los derechos Humanos.