Los Sindicatos argentinos y la CSA rechazan la persecución política en Argentina.
La condena impuesta, por un juzgado de Buenos Aires, sobre la ex presidenta, y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha generado el rechazo unánime de sectores sindicales y políticos del país sudamericano. El fallo judicial, que condena a Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación política permanente, se ha conocido tras meses de un juicio sobre el que recaen fuertes sospechas de parcialidad, debido a las limitaciones impuestas al derecho a la defensa y por los evidentes indicios de vínculos corruptos entre miembros del poder judicial y sectores económicos y políticos de la derecha argentina.

La persecución y acoso judicial de líderes políticos progresistas se ha convertido en los últimos años en la principal estrategia de sectores ultraconservadores y de las elites económicas en América Latina para impedir la posibilidad de gobiernos que puedan afectar sus intereses, como sucedió con Dilma Roussef y Lula en Brasil, o con Rafael Correa en Ecuador, entre otros casos. Así como en el pasado, estos sectores no dudaban en promover y apoyar golpes militares, en la actualidad, y en connivencia con poderosos sectores mediáticos, la construcción de estados paralelos al servicio de una agenda antidemocrática. Las recientemente conocidas noticias sobre la percepción de dadivas por parte de jueces y fiscales argentinos (la mayoría de ellos protagonistas principales de las causas sobre líderes políticos progresistas), aumentan aún más las sospechas de parcialidad y exigen investigaciones sobre estas prácticas.

Desde UGT, en consonancia con lo expresado por la Confederacion Sindical de las Américas (CSA), rechazamos este nuevo ataque de la derecha argentina, a través de sus representantes judiciales, para cercenar los derechos políticos de la actual vicepresidenta argentina. El lawfare supone, además de un ataque a los derechos políticos de los líderes afectados, una intolerable práctica antidemocrática que deteriora el correcto funcionamiento del estado de derecho.