La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores expresa su más firme rechazo al proyecto de reforma laboral que el presidente argentino, Javier Milei, ha enviado al Congreso de la Nación en el marco de la mal denominada “Modernización Laboral”.

Esta reforma, de clásico corte ultraliberal en lo económico y social, promueve la desregulación, la flexibilización del marco laboral y la reducción de derechos sociales, medidas que agravarán seriamente la precariedad y dificultarán el ejercicio de la libertad de acción sindical en el país.

La iniciativa plantea modificaciones que reducen los aportes patronales, debilitan las garantías de empleo, recortan las indemnizaciones por despido, flexibilizan y fragmentan la negociación colectiva, limitan el derecho a huelga y desprotegen derechos laborales que constituyen conquistas históricas del movimiento obrero argentino.

El proyecto de reforma laboral constituye un ataque integral al sistema de relaciones laborales vigente en Argentina y combina una transferencia masiva de recursos del trabajo al capital —mediante la reducción de contribuciones patronales y la creación de un fondo obligatorio de despido que desfinancia la seguridad social— con un debilitamiento profundo de la acción colectiva, restringiendo de facto el derecho a huelga, promoviendo la negociación a la baja y desarticulando la estructura sindical.

La iniciativa introduce, asimismo, cambios sustantivos en la Ley de Contrato de Trabajo que individualizan las relaciones laborales, facilitan la tercerización, reducen indemnizaciones y limitan la capacidad de reclamo judicial, configurando así el retroceso más grave en materia de derechos laborales en el país desde la dictadura militar.

Defender los derechos y la justicia social frente a la desigualdad

Esta reforma laboral amenaza con acercar a la Argentina a situaciones ya vividas en otros países de la región, donde las políticas de corte neoliberal han exacerbado las desigualdades y fragilizado los mercados laborales durante décadas. Tal fue el caso de Chile, donde las reformas de los años ochenta y noventa, bajo el Consenso de Washington, limitaron la fuerza sindical y promovieron una mayor precariedad, o el de Ecuador, donde las sucesivas cesiones de soberanía económica ante las políticas del Fondo Monetario Internacional han normalizado la informalidad y erosionado la protección social. Estas experiencias regionales ilustran los riesgos de un modelo que prioriza la flexibilidad del mercado por encima de la justicia social y los derechos de la clase trabajadora.

Frente a esta iniciativa, las tres principales centrales sindicales del país —la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA-T)— han acordado convocar una movilización conjunta el próximo jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo, con réplicas en distintas provincias, en rechazo al proyecto y en defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva y las libertades sindicales.

UGT reitera su solidaridad con sus hermanas sindicales argentinas y expresa su apoyo a todas las acciones que fortalezcan la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y advierte de la calamitosa situación que generaría esta reforma, sumada a otras políticas del ultra Milei que tendrían uas nefastas consecuencias de un modelo que se ha probado demasiadas veces y en muchas partes del mundo siempre con idénticos y pésimos resultados.