​UGT, como miembro de la Plataforma Justicia para Todos, apoya el encierro del 9 de abril que tendrá lugar en el Colegio de Abogados de Madrid, como protesta al abandono que sufre la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio por parte de la Comunidad de Madrid.

UGT denuncia el abandono que sufre la Justicia Gratuita y el Servicio del Turno de Oficio por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid: los profesionales cobran con 146 días de retraso a lo que se une las restricciones presupuestarias, pues si el capítulo destinado a Justicia en 2014 era de 31,3 millones de euros, en 2015 se destinan 28,8 millones , pese a que con las últimas reformas legislativas en materia de Justicia Gratuita, este beneficio se ha ampliado a más ciudadanos que demandan este servicio, competencia de la Comunidad de Madrid.

UGT entiende que no hay una voluntad política por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de buscar una solución dialogada al problema y con ello garantizar que sus ciudadanos vean realizado el principio de tutela judicial efectiva, primando con ello criterios exclusivamente economicistas en detrimento de la justicia social, ignorando de esta manera el coste real que la Justicia Gratuita tiene para la sociedad madrileña.

Todo ello ahonda aún más en el deterioro que viene sufriendo  la Administración de Justicia por parte de este Gobierno: se calcula que se han reducido un 34,57% las asistencias letradas a lo que habría que añadir la supresión, por parte de los órganos judiciales, de cerca de setecientas actuaciones.

Recordar la gran labor social que realizan estos profesionales que permite la defensa de los derechos e intereses legítimos de aquellos ciudadanos que acreditan insuficiencia de recursos para litigar, haciendo con ello efectivo el principio constitucional de tutela judicial efectiva.

Es por ello que UGT hace un llamamiento a las Administraciones Públicas con competencia en la materia para la búsqueda de soluciones dialogadas, que en los proyectos legislativos en tramitación parlamentaria (LAJG), se establezca un catálogo común de actuaciones a retribuir, se actualicen los baremos por los que estos profesionales cobran y se establezcan unos plazos máximos de cobro.