Desde hace algunos meses asistimos con admiración a la justificada lucha que millones de argentinas y argentinos, lideradas por el movimiento feminista, han emprendido para conseguir una ley que garantice un marco legal que protejan la libertad y el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en aquel país, y más significativamente al derecho de aquéllas que deciden abortar, práctica que aún se encuentra tipificada como delito en el código penal del país sudamericano.

Desde la presentación del proyecto en marzo y su posterior aprobación en la cámara de diputados, las defensoras del proyecto han justificado la necesidad de cambiar la legislación ya que el actual marco legal a la realización de abortos clandestinos en donde las condiciones sanitarias y secuelas psicológicas ponen en serio peligro la vida de las mujeres, especialmente las de quienes pertenecen a los sectores más pobres de la población argentina.

Pese a la aprobación en la cámara de diputados, y de cara a la votación definitiva en la cámara de senadores, se han intensificado las presiones de las instituciones católicas y de los sectores más retrógrados del país sobre las y los defensores de la ley, y muy especialmente sobre las senadoras y senadores que participarán en la votación definitiva el próximo 8 de agosto. Estas intromisiones, clara violación del principio de separación entre iglesia y estado en un país laico, son una expresión machista más que sólo tiene por objetivo el seguir controlando y decidiendo sobre el cuerpo, la salud y la libertad de las mujeres.

El dirigente ugetista Rafael Vidiella, a la sazón consejero de Justicia del Gobierno de Cataluña, firmó en enero de 1937, un decreto que se convertía en su momento en la legislación más vanguardista sobre el derecho al aborto en Europa. Pero, frente a este caso, España ofrece muchos ejemplos tenebrosos (alguno aún muy reciente, en el que la presión social consiguió paralizar una reforma legal que tenía por objetivo cerciorar los derechos de las mujeres) que demuestran que el compromiso con la despenalización del aborto y con la libertad no solo debe conquistarse sino también defenderse y reforzarse en todo el mundo, ya sea en lugares en los que no existe el marco legal de derecho, como en aquellos países en los que, aun existiendo, se encuentra en amenaza por parte de fuerzas políticas y sociales conservadoras. Recordamos aquí también cómo el recién elegido presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció en su primer discurso tras la victoria en el congreso de su partido que, en caso de alcanzar nuevamente la presidencia del gobierno de España, derogaría la ley vigente.

Desde la convicción y trabajo histórico en pro de los derechos de las mujeres, apoyamos la exigencia de la campaña argentina por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en defensa de la autonomía y libertad de las mujeres con capacidad de gestar y gestantes, para que se garanticen sus derechos a la vida, a su salud, al ejercicio de una sexualidad sin coerción ni violencias.