La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha valorado positivamente el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, un plan que moviliza cerca de 5.000 millones de euros y que pretende proteger a más de 20 millones de hogares y 3 millones de empresas en España.

El sindicato considera que la respuesta del Ejecutivo llega con la rapidez necesaria ante una crisis internacional que ya está teniendo efectos significativos sobre los precios de la energía, los combustibles y los alimentos, afectando especialmente a los hogares más vulnerables, al transporte y al sector primario.

UGT destaca que el plan continúa la lógica del denominado escudo social desplegado en crisis anteriores, combinando medidas urgentes para contener el impacto inflacionario con actuaciones estructurales orientadas a la transición energética y al refuerzo de la autonomía estratégica.

No obstante, la organización sindical advierte de que algunas de las medidas deben ser revisadas para mejorar su eficacia y equidad. En particular, muestra una posición cautelosa respecto a las rebajas fiscales generalizadas, como la reducción del IVA energético. A su juicio, este tipo de medidas presenta un doble riesgo: por un lado, que la rebaja impositiva no se traslade plenamente al precio final y sea absorbida por las empresas; por otro, que beneficie en mayor medida a quienes tienen una mayor capacidad de consumo, que terminan siendo los principales beneficiarios sin necesitarlo en igual grado que los colectivos más vulnerables.

Por ello, UGT reclama que estas medidas vayan acompañadas de mecanismos efectivos de control de precios y supervisión de márgenes empresariales, e incluso no descarta la intervención directa en los precios si fuera necesario para evitar incrementos injustificados.

El sindicato sí valora positivamente otras actuaciones incluidas en el plan, como la extensión del bono social eléctrico, el refuerzo del bono térmico, la prohibición de cortes de suministros a hogares vulnerables, las ayudas al transporte y al sector primario, así como las medidas dirigidas a la industria electrointensiva y la flexibilización de los contratos energéticos.

En el ámbito estructural, UGT considera acertado el impulso a la descarbonización y los incentivos fiscales para el desarrollo de energías renovables, así como las ayudas a la rehabilitación energética y el aumento de la capacidad de almacenamiento eléctrico.

Sin embargo, el sindicato echa en falta medidas adicionales en ámbitos como la vivienda —donde considera insuficiente la prórroga de contratos de alquiler—, el transporte público o el apoyo directo a los hogares vulnerables.

Asimismo, reclama que las ayudas previstas para transporte y agricultura se extiendan también a los trabajadores autónomos cuya actividad dependa de forma significativa del uso del vehículo.

Desde el punto de vista laboral, UGT subraya que España dispone hoy de instrumentos eficaces para evitar la destrucción de empleo, como los ERTE y el Mecanismo RED, reforzados tras la reforma laboral de 2021. Aunque confía en que no sea necesario activarlos, destaca que constituyen una garantía clave para afrontar posibles escenarios de deterioro económico.

Finalmente, el sindicato insiste en que cualquier ayuda pública a las empresas debe ir acompañada de limitaciones efectivas de precios y garantías de mantenimiento del empleo, para asegurar que el esfuerzo colectivo se traduzca en una protección real de las familias y no en un aumento de los márgenes empresariales.