La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT alerta de un crecimiento alarmante de las jubilaciones anticipadas entre los funcionarios pertenecientes al régimen especial de clases pasivas de la Administración General del Estado (AGE), única figura que puede acceder a ella actualmente.

Según datos del sindicato, en el año 2008, el número de funcionarios pertenecientes al régimen especial de clases pasivas que se acogieron a la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años fueron 3.050. Esta cifra subió a 15.788 en 2013, tras sufrir los empleados públicos un recorte salarial en 2010, una congelación en 2011 y la supresión de la paga extra en 2012.

El pico máximo de jubilaciones anticipadas voluntarias se alcanzó en 2013 y esta cifras se han mantenido estables desde ese ejercicio hasta 2016, año en el que el total de jubilaciones anticipadas se situó en 15.470.

Carlos Álvarez, secretario de AGE de la  FeSP-UGT argumenta que “esta situación es, en gran parte, resultado del alto grado de desmotivación manifestada que sufren las empleadas y empleados públicos de la AGE, generada por los continuos recortes, la falta de buenas perspectivas profesionales y la incertidumbres para los próximos”. El responsable sindical recuerda que los empleados de la AGE suman un 13% de perdida de poder adquisitivo y una drástica disminución en la Oferta Pública.

Estos factores se suman a la falta de implantación de la carrera profesional; la inexistencia de formación para el empleo desde hace dos años; las enormes dificultades para acceder a los procesos de promoción interna; la falta de configuración del Grupo B surgido del Estatuto Básico del Empleado Público y una gran incertidumbre sobre el futuro de las pensiones (endurecimiento de los requisitos de acceso) que padece este colectivo.

De 2010 y 2016, los jubilados y jubiladas de AGE ascienden a 120.538, al sumar jubilación anticipada voluntaria y la jubilación forzosa. En opinión del sindicato, éste es un paso más hacia la descapitalización en materia de recursos humanos de la AGE, sin que el Gobierno adopte medidas correctoras.

La situación se agravará en los próximos años. Al analizar la edad del personal  de la AGE, nos encontramos con un dato dato alarmante: el 65´7% supera los 50 años de edad  y, de éstos, 91.694 están en el umbral de los 60.

 El Gobierno sigue sin tomar medidas que ayuden a mejorar los servicios públicos. “Hasta ahora solo se han dedicado a aumentar la temporalidad peligrosamente (interinos y temporales) y recurrir a una exagerada externalización de servicios ” denuncia Álvarez.
Según el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente al ños 216, se efectuaron 7.755 concesiones por un importe de casi 7.000 millones de euros.

La única medida adicional que han adoptado es la firma del Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 29 de marzo de 2017 que, aunque servirá para reducir la temporalidad existente y evitar la destrucción de más empleo público, no generará el empleo público neto necesario para rejuvenecer plantillas.

​Para atajar la situación, la FeSP-UGT ha propuesto al Gobierno la siguiente batería de medidas: