​UGT considera que el convenio anunciado entre el Ministerio de Justicia con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para que esta institución, a través de los más de 1.000 registradores existentes, preste su apoyo a la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, es un paso más en la privatización de la actividad administrativa.

El sindicato califica de sorprendente este acuerdo, que se inscribe en el Plan Intensivo de Tramitación del Ministerio para atajar el atraso, de dos años y medio, en la tramitación de estos expedientes, y considera que no es adecuado que un procedimiento administrativo salga de la gestión pública. El Convenio, que abordará igualmente la digitalización masiva de los expedientes, descartando el papel para este tipo de solicitudes, parece responder a que la burbuja inmobiliaria ha dejado sin volumen de negocio a los registradores.

UGT exige, en cualquier caso, que el proceso administrativo de solicitud de nacionalidad esté abierto a todos los ciudadanos que puedan participar en el mismo, en idénticas condiciones de accesibilidad, y que los plazos de resolución de los expedientes sean los mismos también para todos, es decir, que este anuncio no implique la apertura de vías de acceso y resolución privilegiadas para quien pueda influir de una u otra forma en los Registradores.​