​UGT alerta de las consecuencias que puede tener para muchos hogares la subida del recibo de la luz. Esta semana se produjo el mayor aumento de su precio en este año y esta situación se puede agravar durante el invierno por las circunstancias climatológicas.

El sindicato insiste, entre otras medidas, en la necesidad de reducir la fiscalidad de la electricidad, igual que de otros suministros básicos, y aplicar un IVA súper reducido. Es por esto que celebra que el Defensor del Pueblo se posicione también en la línea de la necesidad de reducir del Impuesto sobre Valor Añadido para los recibos de luz.

UGT considera que el bono social recientemente regulado por el Gobierno no garantiza que los consumidores puedan acceder al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad ni protege a las personas más vulnerables. Además, es claramente insuficiente para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema.

El bono social propuesto por el Gobierno establece criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares son  energéticamente ineficientes e incluso, el gasto medio de consumo en hogares energéticamente pobres tiene un consumo superior al límite que se ha establecido en el Real Decreto.

Mayor consumo en los meses de invierno

En este sentido, en el consumo de la calefacción, deberían tenerse en cuenta fundamentalmente los metros de la vivienda, y no tanto el número de personas que componen el hogar, por lo que el descuento previsto sobre la factura es claramente insuficiente porque se fija un límite máximo de consumo en función de la unidad familiar. Tampoco tiene en cuenta el mayor consumo en los meses de invierno, ni diferencia por zonas climáticas. Por tanto, las familias tendrían que pagar el exceso de los kilovatios sin descuento.

El sindicato está también en desacuerdo con  que las familias numerosas por el hecho de serlo, y sin considerar sus rentas, puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa.

La prueba de rentas no debería ser demostrable desde el año anterior sino en el momento presentar la solicitud. En cambio, con la regulación aprobada por el Gobierno tiene que acreditar su situación con la declaración de la renta del año anterior. El sindicato recuerda al Gobierno que una persona pasa en un espacio muy breve de tiempo a situación de exclusión social, desde el momento en el que no se perciben rentas.