​La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha señalado la necesidad de incrementar el empleo público para mejorar la cobertura y las prestaciones que la sociedad necesita. El número de empleados públicos resulta insuficiente para atender al conjunto de la ciudadanía: el porcentaje de empleados públicos sobre población total sitúa a España a la cola de la Unión Europea (10% menos que en Francia, 5% menos que en Reino Unido, 4% menos que Irlanda, etc.).

Además, nuestro país cuenta con el agravante de que la reforma laboral extiende los ERES a las Administraciones Públicas sólo puede ser de extinción,  al contrario que en el resto de sectores, donde pueden ser temporales (ERTES) o de reducción de jornada. En cuatro años se han destruido 400.000 puestos de trabajo en los Servicios Públicos, (30.000 en Sanidad; 7.000 en educación; 3.000 en Seguridad Social; 2.000 en Justicia; etc.)

Por otra parte, la fijación de la tasa de reposición de efectivos genérica en el 50% va a continuar destruyendo más empleo público. Sólo en la Administración General del Estado se han amortizado 33.000 puestos de trabajo. La jubilación anticipada y voluntaria se cifra en  54.000 funcionarios, ante la actitud del Gobierno de degradar la figura del empleado público y generar incertidumbre sobre el futuro de las pensiones.

Este panorama de los recursos humanos en las Administraciones Públicas hace imprescindible un pacto por el empleo que incluya la supresión de la tasa de reposición y permita la creación de empleo neto. De lo contrario, si se mantiene la sangría de empleo público estará poniendo en peligro la gestión de los servicios públicos e impedirá abordar todas aquellas nuevas tareas que va reclamando la sociedad.

La tasa de temporalidad en el conjunto de las Administraciones Públicas es muy elevada (20%), limitándose tremendamente -por cuestiones legales y presupuestarias- los procesos de consolidación. Estos fenómenos dan en paralelo con la sustitución de empleo público por privado: conforme a los últimos datos publicados (2012) se han privatizado servicios y funciones mediante 116.645 contratos, por un importe de más de 24 mil millones de euros del erario público.

UGT denuncia la falta de interés del Gobierno llevar a cabo una política de recursos humanos eficiente, que  invierta en empleo público para mejorar el Estado de Bienestar y potencie la profesionalidad frente al clientelismo y la corrupción. Una pruebe de ello es que el Observatorio de Empleo Público, elemento de la planificación de recursos humanos en las Administraciones públicas, no se ha reunido ni una sola vez.

El pacto por el empleo en las Administraciones Públicas debería incluir una batería de medidas como:

• Definir aquellas actividades que en las administraciones públicas no deben ser objeto de externalización o privatización. Y un control riguroso y exhaustivo de las que lo sean.

• Consolidación de empleo de todos aquellos puestos de trabajo estructurales que están ocupados por personal temporal, modificando para ello el Estatuto Básico del Empleado Público.
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  La improcedencia del despido colectivo en las Administraciones Públicas, al vulnerar el principio constitucional de la estabilidad en el empleo público.
  
  
• Potenciar el Observatorio del Empleo Público, para que efectúe una mejor distribución y planificación de los recursos humanos, al margen de criterios meramente economicistas.
  
  
• Reducir a la mínima expresión el personal eventual (personal de confianza) y directivo, fomentando que sus funciones sean desempeñadas por empleados públicos.