​La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha exigido "garantizar el acceso al empleo y mejorar los derechos laborales y de protección social de las mujeres víctimas de violencia de género".

Durante su intervención en la apertura de la jornada contra la violencia de género organizada por UGT-Castilla y León, Antoñanzas ha señalado que "el empleo y la protección social son los mejores instrumentos para mejorar la situación de las mujeres que sufren violencia de género. El empleo se convierte, no solo en un elemento clave para avanzar en la erradicación de la violencia, sino también en un importante mecanismo de prevención para evitar situaciones de futura violencia".

Por ello, ha considerado imprescindible "combatir la discriminación de género en todos los ámbitos de manera efectiva. La situación es alarmante y muy preocupante. Los intentos de acabar con esta lacra social han resultado hasta ahora insuficientes. Mientras no erradiquemos la discriminación y la desigualdad en todas las áreas de la vida social y económica, no conseguiremos acabar con la violencia de género".

Además, la Vicesecretaria General de UGT ha abogado por "hacer más visibles" el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. "Según los datos de la Inspección de Trabajo, de 2008 a 2015 unas 2.484 personas (mujeres) se vieron afectadas por infracciones en materia de acoso sexual, se efectuaron 1.489 requerimientos y se impusieron sanciones por valor de 237.784 euros, pero aún resulta insuficiente".

Por todo ello, "desde UGT consideramos necesario aumentar los recursos humanos y económicos de los distintos profesionales y ámbitos implicados; políticas activas de empleo eficaces que permitan a las mujeres víctimas acceder al mercado laboral y a empleos de calidad; e implantar una cultura en las empresas de tolerancia cero contra le violencia".

También ha abogado por "abordar la mejora de los derechos laborales para las víctimas, mediante medidas como un permiso o licencia retribuida por un periodo no inferior a dos meses, similar a lo que ocurre con las empleadas públicas; ningún perjuicio laboral o económico para las trabajadoras víctimas; una mejora de la protección social; o un convenio de la OIT que permita combatir la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo a nivel mundial".