• ​Las empresas cada vez pagan menos por sus trabajadores a pesar de que sus beneficios no dejan de crecer.

• Los costes laborales por hora, en términos anuales, han caído incluso más ahora, con un crecimiento económico del 3%, que en época de crisis.

• UGT exige incrementos salariales por encima del 3% y un salario mínimo garantizado de 1.000 euros en todos los convenios.

Los datos del Índice del Coste Laboral Armonizado (ICLA) del tercer trimestre del año, publicado hoy por el INE, vuelven a poner de relieve que la recuperación económica de la que disfrutan la gran mayoría de las empresas desde 2014 no se está traduciendo aún en una mejora de los salarios que perciben los trabajadores y las trabajadoras. Al contrario, los sueldos siguen cayendo, lo que se ha convertido en una debilidad de nuestra economía que frena el crecimiento de la actividad y del empleo y, sobre todo, en una tremenda injusticia con los casi 16 millones de asalariados de nuestro país y con sus familias.

Una vez corregidos de las variaciones estacionales y de calendario (que distorsionan las comparaciones), los costes laborales por hora trabajada han caído tres décimas respecto del trimestre anterior, y los costes estrictamente salariales incluso más, cuatro décimas. Si se compara con el mismo trimestre de hace un año, tanto los costes laborales por hora como los salariales caen una décima. Este dato es llamativo (y muy preocupante) porque es la primera vez desde el segundo trimestre de 2013 que caen los costes laborales por hora en términos anuales. La diferencia es que entonces el PIB caía a un ritmo superior al 2%, y llevábamos seis años de crisis, mientras que ahora crece por encima del 3% y se han consolidado casi cuatro años de expansión.

Es decir, que las empresas cada vez pagan menos por sus trabajadores a pesar de que han recuperado con creces su actividad y sus beneficios no dejan de crecer, cada vez a mayor ritmo. Esta es una situación derivada en gran medida del extraordinario poder que les ha concedido la reforma laboral de 2012, que impide una negociación colectiva en condiciones equilibradas, y que posibilita que las empresas abusen de una posición de dominio que se está traduciendo en un aumento de los niveles de precariedad laboral y en el hundimiento de los salarios.

Esta es una senda que conduce a un empobrecimiento colectivo, a una regresión de la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población. Por eso, es preciso que los salarios se beneficien de la actual etapa de crecimiento económico, de manera que las trabajadoras y los trabajadores mejoren su capacidad de compra, reforzando el consumo y alimentando una mayor creación de empleo y de más calidad.

Esto debe traducirse, de un lado, en aumentos salariales en los convenios en el entorno del 3%, para recuperar parte del poder de compra perdido desde 2009; y de otro lado, en el establecimiento de salarios mínimos garantizados en todos los convenios de al menos 1.000 euros. En el mismo sentido, el salario mínimo interprofesional debe crecer con la perspectiva de alcanzar en 2020 una cuantía equivalente al 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea.