​Una delegación de UGT, encabezada por el Secretario de Política Internacional, Jesús Gallego ha participado hoy en la concentración organizada ante la Embajada de Brasil en España para exigir la libertad para Lula Da Silva,  expresidente Luiz Inácio "Lula" da Silva.

El sindicato junto con CCOO, Podemos e Izquierda Unida han  firmado un manifiesto en la que destacan que la libertad de "Lula" es un principio fundamental para el retorno a la normalidad democrática y jurídica en Brasil, así como un paso necesario en la lucha por la recuperación de los derechos sociales en el país.
Las organizaciones políticas y sindicales firmantes del manifiesto exigen a la justicia y Gobierno brasileños toda la diligencia posible para aclarar las circunstancias del asesinato de Marielle Franco y demás líderes progresistas asesinados  y sancionar a sus instigadores y autores.

En este sentido consideran que la ola de violencia que recorre Brasil es parte  parte de la maquinaria de odio que ha sido puesta en marcha por las élites que durante demasiados años detentaron el poder y que, como bien demuestra la encarcelación del expresidente Lula, se niegan a entregar al pueblo al que, democráticamente, corresponde.

Para los firmantes del manifiesto está en manos de las autoridades brasileñas frenar el descrédito internacional que se cierne sobre el país por éstas y otras actuaciones antidemocráticas e injustas.  Y reiteran su solidaridad y compromiso con los y las brasileñas, y con la lucha democrática y social con las que, bajo el gobierno de Lula, consiguieron hacer de su país un estado libre e inspirador para el resto del mundo, y que siguen llevando a cabo contra la injusticia.

Un proceso judicial cuestionado internacionalmente.

El pasado 5 de abril, el juez federal brasileño Sergio Moro, el mismo que condenó a "Lula" en primera instancia en julio de 2017 sin aportar pruebas concluyentes, dictaminó que Lula deberá ingresar en prisión durante la tarde de hoy. Para la Unión General de Trabajadores (UGT), la orden de prisión, dictada con urgencia apenas veinticuatro horas después de que el Tribunal Federal Supremo (STF), en un proceso cuestionado internacionalmente, votara en contra el habeas corpus preventivo presentado por la defensa del expresidente Lula, supone una violación flagrante del derecho a la presunción de inocencia reconocida en la Constitución Federal brasileña de 1988.

politización del proceso judicial

La decisión del juez Moro debe ser leída también en clave política, ya que además de violentar los derechos constitucionales, impide a Lula participar en las elecciones de octubre del 2018, en las que, según todas las encuestas de intención de voto, parte como favorito.

UGT ya  ha mostrado en sucesivas ocasiones su preocupación por el hecho de que los jueces del STF hayan tomado su decisión justo después de las amenazas de altos mandos militares brasileños, que se han pronunciado en contra de la institución jurídica que asegura los derechos básicos de toda persona. Pese a la prohibición desde 2002 de que los militares, sin contar con autorización previa, realicen manifestaciones públicas sobre asuntos políticos han sido varios los llamamientos de altos cuerpos del ejército que se han venido pronunciando sobre la situación política en Brasil, trayendo dolorosos y alarmantes ecos de dictaduras y golpes militares en el pasado reciente.

Como UGT ha venido comprobando durante el proceso al expresidente Lula, el sistema judicial brasileño está dando muestra de una politización que en nada tiene que ver con la democrática imparcialidad de la que debe hacer gala; de hecho, la orden de prisión da buena muestra de las fallas que se están produciendo en el Estado de Derecho de Brasil desde el golpe parlamentario contra la expresidenta Dilma Rousseff y evidencia la profunda crisis política que se vive en gigante americano.