​La Unión General de Trabajadores reclama al Gobierno que convoque a los interlocutores sociales para evaluar el Programa de Activación para el Empleo (PAE), con el fin de mejorar las posibilidades de acceso y la cobertura de las personas en situación de desempleo.

El pasado 16 de noviembre se cumplieron siete meses desde la publicación en el BOE de la prórroga de este programa y, a falta de cinco meses para su finalización, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue estancada por debajo del 55%, por lo que UGT considera que el programa no está funcionando, aunque no ha podido realizar un seguimiento del mismo ni evaluar de forma continua sus resultados porque el Ejecutivo no ha querido.
Derivado del Acuerdo del 29 de julio de 2014, y firmado entre el Gobierno y los interlocutores sociales el 15 de diciembre de 2014, este programa recogía sólo parcialmente la reivindicación sindical de proteger mejor a las personas en desempleo con mayores dificultades de inserción.

El PAE quedaba prorrogado mediante Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, durante 1 año, hasta el 15 de abril de 2017, para demandantes de empleo inscritos hasta el 1 de abril de 2016, lo que en principio podría permitir la incorporación de más demandantes.
Sin embargo, al no modificarse ningún requisito más de acceso al programa, tal y como habían solicitado repetidamente las organizaciones sindicales, los resultados en términos de protección no muestran una mejora. El objetivo de los sindicatos ha sido desde el inicio de su andadura que se favorezca el acceso a mayor número de personas y se eliminen muchas de las limitaciones para ser admitido en el PAE. No hacerlo es un impedimento que está afectando negativamente a esta prórroga.

UGT recuerda que de la dotación de 850 millones de euros presupuestados para 2015 en concepto de ayuda de acompañamiento, se ejecutó menos del 19% (160 millones de euros), dejando un remanente cercano a 700 millones. Para 2016, y a falta de dos meses para cerrar el ejercicio, del presupuesto de 350 millones, sólo se han ejecutado 107 millones (con datos a 31 de octubre), un 30,6%, mostrando una evolución similar al pasado ejercicio, y que dará lugar a un nuevo excedente, a costa de la protección de las personas en desempleo.

Por ello, UGT reclama medidas que permitan la ampliación del número de beneficiarios, ya que de los 209.421 expedientes recibidos (desde enero de 2015 hasta agosto de 2016), solo se han aprobado dos terceras partes (137.699). En agosto de 2016 estaban dados de alta como beneficiarios 23.948 personas y desde el inicio han participado en el PAE en torno a 130.000 personas, un volumen muy por debajo de las expectativas creadas por el propio Ministerio.
Respecto a los beneficiarios del programa, se estima que la tasa de inserción se sitúa alrededor del 16%.

Para UGT, además, es necesario conocer qué pasa con las personas que han agotado el programa (tras seis meses de participación), si están empleados o si no es así, ¿qué atención y cobertura están recibiendo de los servicios públicos de empleo? En este sentido, tampoco hay disponible información periódica de las acciones que desarrollan las Comunidades Autónomas con el presupuesto del programa destinado a políticas activas (25 millones de euros para 2016).

Por su parte, del total de expedientes denegados, cabe resaltar como causas principales de denegación en todo el periodo: (1) no acreditar la realización de tres acciones de búsqueda activa de empleo (BAE) en el plazo y forma establecidos (18,4%); (2) el último derecho agotado ha sido una prestación contributiva o subsidio (17,9%); y (3) no acreditar tener responsabilidades familiares (17,8%).

Para UGT es necesario revisar cualquier requisito que impida a los desempleados sin protección acceder al programa, tanto desde la propia regulación de la norma como desde su aplicación, teniendo en cuenta que hay casos claros en los que el origen de la denegación se debe a la falta de recursos técnicos y humanos en las oficinas de empleo.

El nuevo Gobierno está en la obligación de convocar a los interlocutores sociales para evaluar este programa, con el fin de mejorar las posibilidades de acceso y, en definitiva, la cobertura de las personas en situación de desempleo. Con la información disponible, hay suficientes datos que justifican la necesidad de flexibilizar los criterios de acceso al PAE y hacerlo más efectivo y eficiente.