​La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera, ha afirmado que el Gobierno del Partido Popular se “sigue enrocando  en una mayoría absoluta, que ya no tiene, para no querer modificar la reforma de pensiones que aprobó en 2013 y que, hoy por hoy, si se votará en el Parlamento, sería rechazada por la mayoría de los grupos”.

Una reforma que se hizo sin consenso y que en una serie de años supondrá un recorte de las pensiones de  hasta el 50%.  En concreto por cada 10 años de esperanza de vida los pensionistas perderán un 20% del poder adquisitivo.  Barrera ha hecho estas declaraciones al inicio de la reunión entre UGT y el Partido Demócrata Catalán para suscribir un compromiso conjunto en defensa de unas pensiones públicas suficientes y por una financiación suficiente para la Seguridad Social. Una firma en la que ha participado el diputado del PDeCAT, Carles Campuzano.

Barrera que ha trasmitido también la oposición del Gobierno a tramitar la proposición de ley para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC, ha destacado que “las pensiones, la Seguridad Social y las cotizaciones no corresponden al Gobierno, sino que competen al conjunto de los ciudadanos y los trabajadores” y que “ahora es el momento”, en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social para que el Gobierno rectifique, pues no tiene legitimidad para extender los efectos de una reforma "inconstitucional", fruto de una mayoría absoluta puntal que actualmente el Gobierno no mantiene y que supone un recorte para los pensionistas actuales y futuros. 

Hay que suprimir el Factor de Sostenibilidad y el Indice de Revalorización contemplados en esta reforma y recuperar el IPC como referente,  porque es “insostenible” que los pensionistas pierdan este año un 2,75% del poder adquisitivo, una situación especialmente grave para los que perciben una pensión mínima, de 599,43 euros.

Ley de emergencia social para las pensiones mínimas

En este sentido, Barrera ha recordado que desde UGT “queremos impulsar” una proposición de ley de emergencia social para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones mínimas. Esta proposición de ley permitirá volver a situar en el Congreso el núcleo central de las demandas sindicales en esta materia y volver a denunciar los efectos nocivos de la reforma de 2013.

Este encuentro entre UGT y el PDeCAT forma parte de la ronda de contactos iniciada por el sindicato con los grupos parlamentarios para recabar apoyos y ganar consenso en torno a la necesidad de derogar la reforma de pensiones del Gobierno del PP que supone una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros. Se trata de recuperar el consenso para garantizar unas pensiones públicas suficientes y asegurar la necesaria financiación de la Seguridad Social.

Valoración de Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT