​UGT y CCOO siguen trabajando junto a distintos grupos parlamentarios para sumar fuerzas y conseguir mejoras en distintos ámbitos que afectan a los trabajadores.

Ayer se reunieron con el Portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, Rafael Simancas y un día antes lo hicieron con el Portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social de Podemos, Alberto Rodríguez.

En ambos encuentros se abordó la proposición de ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados y la proposición de ley sobre fijación de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, los sindicatos dejaron constancia de que no van a renunciar a que el Índice de Precios al Consumo (IPC) sea el referente para la subida de los salarios y de las pensiones.

En relación con el SMI, UGT y CCOO seguirán insistiendo en que es preciso un aumento superior al fijado por el Gobierno, en acuerdo con el PSOE. Defienden que el SMI alcance los 800 euros en 2017 y al final de la legislatura llegue al 60% del salario medio,  tal y como marca la Carta Social Europea aprobada por España.

En relación con la subcontratación,  UGT valora la proposición de ley del Partido Socialista porque supone un avance en la mejora de la regulación y abre la vía para enriquecer el texto en línea con las demandas sindicales, pero considera que hay que ir más allá de la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. Es preciso modificar también los artículos 15, 42, 44 y 81 para abordar todos los aspectos relativos a la subcontratación así como establecer una visión de conjunto sobre las cuestiones que afectan a las relaciones laborales en el marco de la externalización y subcontratación.

Asimismo, es necesario incorporar un apartado específico a las empresas multiservicios que proliferado en los últimos años y están provocando una mayor precarización de las condiciones de trabajo.  En este sentido, recuerda la Declaración conjunta de ambos sindicatos del  18 de marzo de 2015 sobre las empresas multiservicios, en la que se fijan iniciativas y acciones a desarrollar en los ámbitos sindicales, políticos e institucionales para corregir las desigualdades y fraudes que producen las empresas multiservicios en todos los sectores de actividad.