Pese a su impacto en la vida laboral de muchas personas, el coronavirus aún no se considera una enfermedad profesional

Esta semana se han cumplido tres años desde que se decretó el inicio del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, que marcó un antes y un después. La sociedad española ha sido un ejemplo de responsabilidad a la hora de combatir esta enfermedad que se ha cobrado la vida de 120.000 personas.

Durante aquel tiempo, muchas personas trabajadoras continuaron prestando servicios presencialmente en su lugar de trabajo, como por ejemplo en la asistencia sanitaria, el cuidado de personas mayores y dependientes, la educación, el transporte, la fabricación, la construcción, la industria de la limpieza, el comercio, la agricultura o la industria alimentaria. Otras desempeñaron sus labores a través del teletrabajo desde sus domicilios. Ambas situaciones generaron riesgos y retos frente a la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

De aquellas situaciones vividas hemos entendido que la salud pública y la salud laboral deben ir de la mano a la hora de afrontar, de manera eficaz, estos retos. Se ha empezado a trabajar con el fin de conseguir una mayor coordinación entre las diferentes administraciones con vistas a futuras crisis. Un buen ejemplo lo tenemos en la recién firmada Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

Los problemas de salud mental de la población en general y en particular de las personas trabajadoras fueron objeto de debate. Influido, sin duda, por la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y socio sanitario que tuvieron que enfrentarse a largas jornadas de trabajo. Lucharon contra una enfermedad para la que no existía tratamiento sin equipos de protección individual, lo que les ocasionó graves consecuencias para su salud no sólo física sino sobre todo mental. En el otro extremo se encontraban los nuevos teletrabajadores, que no podían desconectar y que mantenían una disponibilidad permanente que igualmente les pasó factura.

A día de hoy quedan retos y temas pendientes, no solo en lo referente a la salud pública sino también a la salud laboral. Como reto, se debe afrontar la reincorporación al puesto de trabajo de todas aquellas personas trabajadoras que padecen COVID persistente y que presentan patologías que no les permiten reanudar su vida cotidiana, incluyendo el normal desempeño de su puesto de trabajo. Desde UGT proponemos que se realicen reconocimientos médicos, tras largas ausencias al puesto de trabajo debido a enfermedad, para evaluar el estado de salud de la persona trabajadora y que se adapte el puesto de trabajo en función de las nuevas necesidades de salud de la persona enferma de COVID persistente.

Como tema pendiente, debemos recordar que a día de hoy la COVID-19 no se reconoce en nuestro país como enfermedad profesional, como así reivindicamos desde UGT desde el inicio de la pandemia. Es por esto que reclamamos que la COVID-19 sea incluida en el listado de enfermedades profesionales español ampliando los sectores que recoge la Recomendación (UE) 2022/2337 para dar cobertura a todos aquellos afectados por la exposición laboral a este virus.