Los datos del IPC adelantado del mes de marzo, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en un 2,3%, siete décimas menos respecto a febrero y el valor más bajo desde octubre del año pasado. Este descenso se debe, principalmente, al abaratamiento de la electricidad, frente a la subida de precios experimentada hace un año.

Por su parte, la tasa subyacente, que recoge la inflación de componente más estructural, disminuye dos décimas respecto al mes anterior, con una variación anual del 2%, el nivel más bajo desde noviembre de 2021.

Así, el mes de marzo viene acompañado de una tregua en las presiones inflacionistas tras cinco meses consecutivos de crecimiento de la tasa interanual. Un escenario que puede volver a invertirse en los próximos meses si las medidas arancelarias a EEUU, anunciadas recientemente por la Comisión Europea, presentan un impacto negativo y significativo sobre los precios de algunos productos.

No obstante, los beneficios siguen alcanzando valores históricos, lo cual ha generado un colchón financiero suficiente para que las empresas españolas no incrementen sus precios y, además, aumenten consistentemente los salarios, impulsando un reparto más justo de la riqueza generada.

Esto implica reforzar la negociación colectiva, con el objetivo de proteger y mejorar el poder de compra de las personas trabajadoras. En este sentido, la subida salarial media en convenio alcanza el 3%, en línea con los criterios recogidos en el V AENC para 2025, que contempla incrementos adicionales del 1% si el IPC supera este umbral, lo cual, dado el incierto panorama internacional, no resulta descartable.

Actuar ya contra la emergencia habitacional

Con indiferencia de los incrementos que finalmente se alcancen, lo cierto es que los salarios de la población trabajadora son insuficientes para acceder a una vivienda en condiciones dignas y asequibles. El porcentaje de los ingresos destinado a pagar una vivienda resultan desmedidos, una situación que se agrava por la resistencia de un buen número de comunidades autónomas a aplicar las primeras medidas de control de precios derivadas de la ley por el derecho a la vivienda. 

Por ello, UGT demanda crear un gran parque de vivienda pública en alquiler social y a precios asequibles con carácter permanente, desincentivar fiscalmente el uso de la vivienda como negocio, ampliar la competencia de declaración de zonas tensionadas a las entidades locales y condicionar la financiación del Estado en materia de vivienda al cumplimiento de la ley, entre otras medidas. La crisis habitacional no admite más esperas, y debemos actuar con urgencia para evitar que la burbuja especulativa siga lastrando la vida presente y futura de varias generaciones.