​España va a crecer un 2,3% en 2017. Así lo prevé el escenario económico que presentó el Gobierno en funciones en el Consejo de Ministros del 29 de julio. Toca hablar de salarios y negociación colectiva en una situación económica diferente a la que existía cuando firmó el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017. Ya en los criterios para la determinación de los incrementos salariales de ese acuerdo, que firmamos organizaciones sindicales y patronales, se incluyó que “para determinar el aumento a aplicar a los salarios negociados en los convenios colectivos para el año 2017, las organizaciones firmantes tomarán como referencia la evolución del PIB en 2016 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017, y lo concretarán en los tres meses siguientes a la publicación de esta última”.

El factor trabajo es crucial en ese crecimiento económico, y sus frutos deben repartirse de forma justa y equilibrada, porque hasta ahora no se está haciendo. No se traslada la recuperación a los ciudadanos y las desigualdades sociales, salariales y laborales ponen en riesgo el futuro del país.

La participación de las rentas del trabajo en la renta nacional sufrió una caída de unos 39.000 millones de euros de 2009 a 2015, mientras que la de las rentas empresariales aumentó en 5.000 millones. Es decir, se ha producido un cuantioso trasvase de rentas de los trabajadores a las empresas.

Tenemos que revertir la situación porque ha sido la devaluación salarial –desde 2009, pero fundamentalmente desde la reforma laboral de 2012– una de las principales causas del aumento del empobrecimiento de los asalariados y asalariadas. Los salarios medios totales han perdido 5,5 puntos de poder de compra desde entonces. Y todo ello a pesar de que la inflación, con su comportamiento moderado (resultado de la escasez de demanda), ha contribuido a que no pierdan más capacidad adquisitiva.

"Entre 2010 y 2014, el sueldo medio aumentó un 0,3%, esto se traduce en una pérdida del poder de compra del 6,2%”

Han sido los trabajadores y trabajadoras con menores rentas los que han sufrido en mayor medida la caída de los salarios, bien de manera directa, porque se han modificado sus condiciones retributivas tras las facilidades que otorga la reforma laboral al empresario, o bien porque han pasado de tener un contrato de jornada completa a uno a tiempo parcial –casi siempre involuntario–, con la consiguiente reducción de su sueldo.

Y esto se pone claramente de manifiesto en la última encuesta de Estructura Salarial que señala que, desde 2010 y hasta 2014, el sueldo medio aumentó un 0,3% en términos nominales. Esto se traduce en una pérdida del poder de compra del 6,2%, llegando al 12,2% de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores temporales y un 11,7% en términos reales para los trabajadores a jornada parcial.

De cara al próximo año, y a la vista de las previsiones del Gobierno y de otras instituciones europeas e internacionales, urge buscar fórmulas para revitalizar los salarios y aumentar la productividad. Fórmulas que deben ir enmarcadas en el desarrollo de políticas de distribución, en las que la negociación colectiva debe tener un papel fundamental, puesto que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza en nuestro país.

Para salir de la crisis, la economía debe funcionar para todos: empresas y trabajadores. Esto en España pasa, además, por crear buenos empleos, de calidad y dignos, porque UGT considera que el actual modelo de crecimiento económico, basado en la devaluación salarial y dependiente de actividades estacionales, debe modificarse. Hay que apostar por un cambio de modelo productivo y trasladar la riqueza no solo a los beneficios empresariales sino a los sueldos.

Salarios y pensiones constituyen el 90% de los ingresos de los hogares y son necesarios para recuperar la demanda interna, el consumo y, por tanto, el crecimiento. Por este motivo, desde UGT vamos a defender potentes incrementos salariales (el 4% para 2017) dentro de una estrategia de recuperación del poder adquisitivo perdido, de consolidar la recuperación y reducir las desigualdades. Consideramos también fundamental elevar el salario mínimo interprofesional, hasta alcanzar los 800 euros en el primer año de la próxima legislatura, y aproximarlo al 60% del salario medio indicado en la Carta Social Europea.

La incipiente salida de la recesión y el cambio de ciclo en la UE exige que la recuperación económica se traslade a los salarios públicos y privados en España. Porque es justo para la sociedad y beneficioso para la economía.