​¿Están en peligro las pensiones de quienes se jubilarán dentro de 20 o 30 años?
Nosotros decimos que no. Las cotizaciones se han hundido porque se ha precarizado el mercado laboral. Los contratos por horas, por días, sin indemnizaciones, han acabado con la figura de la cotización. Es necesario hacer reformas estructurales para recuperar los ingresos de la Seguridad Social, y eso viene directamente de crear empleo de calidad. Se ha producido una devaluación salarial sin precedentes en toda Europa. Si no se recuperan esos salarios nunca volveremos a la situación de antes. Con las pensiones de ahora, el problema es que el Gobierno se ha gastado los fondos de la Seguridad Social en otras políticas, en subvenciones a las empresas... Ha habido una gestión interesada de este gobierno para endeudar la Seguridad Social.

¿La sostenibilidad futura pasa por elevar la productividad?

Sobre todo pasa por derogar la reforma laboral. Ni los trabajadores ganan lo que tienen que ganar, ni las empresas pagan lo que tienen que pagar, ni hay indemnizaciones por despido, ni prestación por desempleo. Todo eso va restando. La excusa de este gobierno es la crisis. Ha habido crisis en toda Europa, pero no se ha degradado tanto el trabajo como en España, ni ha crecido tanto la desigualdad, ni ha habido esta devaluación salarial. Esto pone en riesgo la sociedad, no solo las pensiones. Cada vez hay más trabajadores y pensionistas pobres. Tenemos gobiernos de derechas que crean la pobreza pero luego no están dispuestos a proteger a la gente.

¿Esa derogación de la reforma laboral será suficiente para garantizar la sostenibilidad de las pensiones teniendo en cuenta el envejecimiento de la población?

Muchos expertos dicen que la demografía es una excusa. El problema es que se han gastado el dinero. La jubilación del “baby boom” termina en 2050, y todos los estudios coinciden en que a partir de esa fecha no habrá ningún problema, porque bajará muchísimo la población. Pero ya se ha causado un agujero tan grande a la Seguridad Social que tendrán que ponerse ingresos adicionales durante unos años. Tiene que haber una ley que obligue a saldar con una transferencia desde los presupuestos del Estado la diferencia entre ingresos y gastos en la Seguridad Social. La presión del déficit del sistema no debe recaer sobre las cabezas de los ciudadanos. Si las pensiones están garantizadas en la Constitución, se tienen que pagar y no se deben recortar.

¿Hay margen en el gasto público para esa transferencia?

La subida de las pensiones al nivel del IPC supondría un gasto este año de 1.200 millones más. Se han destinado 5.000 a rescatar autovías, un asunto que no interesa a ningún ciudadano. A todos los ciudadanos les preocupan las pensiones y no se les destinan 1.200 millones. Nuestra presión fiscal está siete puntos por debajo de los países de nuestro entorno. Eso son 70.000 u 80.000 millones, cuando para subir las pensiones son 1.200. Es una cuestión política e ideológica para la que no hay excusas. El Gobierno quiere que haya un sistema de pensiones mínimas para que todo el mundo vaya a los sistemas privados.

¿A cuánto creen que debería ascender la pensión mínima?

Tenemos una campaña para que no haya salarios de menos de mil euros y, en consonancia, queremos que tampoco haya pensiones por debajo de esa cifra. Hay cinco millones de pensionistas, más de la mitad del total, que ganan entre 600 y 700 euros. Eso es el umbral de la pobreza. Si están saliendo a la calle es porque las condiciones de vida que tienen son lamentables. No hay que revalorizar las pensiones al IPC, sino subirlas.

¿Es necesario incentivar la inmigración para asegurar las pensiones?

Necesitamos mercados de trabajo dinámicos y un cambio en el modelo productivo. Por mucho que incentivemos la inmigración, no van a venir inmigrantes si no hay trabajo. Hay que desarrollar sectores que están abandonados: la industria, las energías renovables... Cuando vas por Europa ves muchos más extranjeros de los que se ven aquí, y no porque las leyes migratorias sean más abiertas, todo lo contrario, sino porque hay más trabajo.

¿También hay brecha de género en las pensiones?

Por supuesto. Hay un 37% de diferencia entre la pensión media masculina y la femenina.

Canarias es una de las comunidades con un mayor peso de las pensiones no contributivas. ¿Qué dice eso de la realidad socioeconómica del Archipiélago?

Que el nivel de vida es bajísimo, porque las pensiones no contributivas son las más bajas. El trabajo es tan estacional en los sectores que predominan en Canarias, lo que explica que al final no se alcance a cobrar una pensión contributiva, solo a una pensión asistencial. 

¿Es viable crear una renta social garantizada en Canarias, como proponen los sindicatos?

Tiene que serlo. De alguna manera los gobiernos tienen que ser responsables de los ciudadanos. Si ellos crean el mal a través de unas condiciones de trabajo y de un mercado laboral que deja a la gente en el paro, sin ingresos o sin pensión al final de su vida, tienen que crear mecanismos de protección. Lo que no puede ser es que no hagan ni una cosa ni otra, ni crear empleo de calidad ni protección ni pensión. Esto puede acabar, si sigue esta misma ola, en una fractura social. ¿Qué va a hacer la gente cuando no tenga nada para vivir? Por aquí no se puede seguir.

Las organizaciones empresariales canarias rechazan una subida general de los sueldos, como les pide incluso el Gobierno regional

Hay margen para subir los sueldos. Las empresas han recuperado su nivel de ingresos e incluso lo han superado. Sin embargo, las rentas de los trabajadores siguen bajando, porque hay una reforma laboral que da todo el poder a las empresas. Intentar acordar con la patronal supone que esta tiene que hacer una cesión de ese poder omnímodo que las empresas tienen. Me hace mucha gracia cuando la ministra dice “a ver si la patronal y los agentes sociales se ponen de acuerdo”. Lo que hay que hacer es cambiar la ley en la parte que afecta a la negociación colectiva. Ahora mismo no se sienten obligados a nada.