Es una de las múltiples violaciones de Derechos Humanos que caracterizan al régimen de Riad

La Unión General de Trabajadores expresa su extrañeza y preocupación por la tibia respuesta que el gobierno de España está dando a la crisis abierta tras el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

Todo parece apuntar a que el periodista fue torturado y posteriormente ejecutado en el consulado saudí en Estambul a manos de esbirros del príncipe heredero Mohamed bin Salmán, y a la espera de las conclusiones de la investigación del gobierno turco, el de Arabia Saudí ya ha declarado su participación en la muerte de Khashoggi.

El asesinato del periodista saudí es una más de las múltiples violaciones de los Derechos Humanos que caracterizan al régimen sátrapa de Riad, en donde la libertad de prensa o libertad sindical se castigan con prisión, latigazos o muerte, en donde las mujeres siguen siendo tratadas como seres de segunda categoría, donde las personas LGTBI pueden ser y son condenadas a torturas, amputaciones o ejecuciones públicas por el mero hecho de serlo, donde las trabajadoras del hogar tratadas legalmente como esclavas, los niños obligados a trabajar y, en general, se les niega a los y a las trabajadoras (como a los 49 trabajadores del grupo empresarial BinLadin a los que se condenó en 2017 a 300 latigazos por reclamas se les pagasen las nóminas impagadas) los derechos más básicos.

Si en su momento UGT aplaudió la valentía del gobierno español al abrir un debate social sobre las relaciones de nuestro país con el gigante saudí y la idea de marcar una postura común de la Unión Europea, la ahora débil respuesta del gobierno de Pedro Sánchez mostrando su “consternación” por la muerte del periodista, suponen a nuestro juicio un acto de incoherencia política impropia de un gobierno progresista y mucho menos de uno que se precie de la defensa de los Derechos Humanos.

El Gobierno debe rectificar

España ha decidido así quedar fuera de la ambiciosa y justa postura común de Reino Unido, Francia y Alemania, que cuestiona la credibilidad del informe de la fiscalía saudí en el que se basa la nota del gobierno de nuestro país. Pero también ha decidido su protesta y dejarlo muy por debajo del de la propia alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, que, además de condenar el asesinato, exigía una investigación creíble y transparente.

El que España, miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, decida mostrar consternación por lo que a todas luces parece ser un atentado contra los derechos fundamentales de una persona, y contra alguno de los consagrados en Declaración Universal, como son la prohibición de la tortura, la libertad de pensamiento, opinión y expresión, etc., es, a juicio de UGT, un muy desafortunado y temeroso proceder, que está muy por debajo de lo esperado de un país moderno y democrático. El gobierno de España tiene aún tiempo de rectificar su sorprendente postura y apostar por una alianza que lleve a una postura común europea que trabaje en varias vías: desde la absoluta defensa de los Derechos Humanos, de la democracia y de la libertad, al equilibrio geopolítico de la zona o la búsqueda de alternativas industriales y energéticas en la Unión. Ante la tortura y descuartizamiento de un ser humano la consternación no sólo no es una respuesta suficiente: es también irresponsable, incoherente e inhumana.

Mucho se ha utilizado el argumento del flujo comercial entre España y Arabia Saudita y del empleo generado. No es la primera vez que se utiliza el miedo al hambre para justificar la participación en un conflicto bélico o no criticarlo abiertamente. La Unión General de Trabajadores pide se deje de jugar con la potencial pérdida de trabajo para miles de personas en el debate social y político y deje de oponerse intencionadamente el empleo de unos a la vida de otros. La defensa del trabajo es una prioridad absoluta para UGT, como lo es también la defensa de los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo. Como lo es luchar contra la opresión, el abuso y la guerra (como la de Yemen, en la que, según organizaciones como Amnistía Internacional, se están produciendo torturas, desapariciones, ejecuciones y otros graves crímenes contra la Humanidad, y en la que, por ejemplo, han perdido la vida más de 2500 niños) o la inversión en industria sostenible y de alto valor añadido, que genere empleos de calidad y con derechos. En esa vía, y sólo en esa vía, puede y debe moverse el gobierno de Pedro Sánchez y deben exigir sus aliados políticos que se mueva. No en la de la tibieza, no en la del miedo, no en la de la irresponsabilidad.