Desde el 2011, los recibos de los suministros se han incrementado muy por encima de la inflación -la luz más del 50% y el gas cerca de un 33%-, lo que ha supuesto que el 10,6% de los hogares, casi 5 millones de personas, no puedan mantener una temperatura adecuada en su vivienda y que otros muchos, se hayan visto afectados por cortes por no poder hacer frente a los recibos.
La Prestación de Ingresos Mínimos debe ser un derecho universal independiente de la coyuntura económica
En un país con cerca de cinco millones de parados en el que la cobertura por desempleo sólo cubre al 53,2% del total de desempleados y donde el 22% de la población está en riesgo de pobreza, -un porcentaje que alcanza el 28% para los menores de 16 años y al 44,8% de las personas en situación de desempleo-, una prestación de ingresos mínimos es una medida de dignidad colectiva.