Desde el 2011, los recibos de los suministros se han incrementado muy por encima de la inflación -la luz más del 50% y el gas cerca de un 33%-, lo que ha supuesto que el 10,6% de los hogares, casi 5 millones de personas, no puedan mantener una temperatura adecuada en su vivienda y que otros muchos, se hayan visto afectados por cortes por no poder hacer frente a los recibos.
En un país con cerca de cinco millones de parados en el que la cobertura por desempleo sólo cubre al 53,2% del total de desempleados y donde el 22% de la población está en riesgo de pobreza, -un porcentaje que alcanza el 28% para los menores de 16 años y al 44,8% de las personas en situación de desempleo-, una prestación de ingresos mínimos es una medida de dignidad colectiva.
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