Tras la investidura de Mariano Rajoy, ¿qué espera de la legislatura?

-Cuento con nosotros mismos, nadie nos va a regalar nada. Lo que pase en esta legislatura va a depender de la capacidad que tengamos de movilizarnos y de recuperar el principio de que las cosas no tienen por qué empeorar, que pueden mejorar. Creo que es la legislatura del cambio.

¿Ve a Rajoy dispuesto?

-Algunos días sí, otros no. Veo dispuesta a la gente. Eso es lo esencial.

Suenan tambores de huelga general.

-Si solo vemos al Rajoy del primer debate de investidura y de algunas partes del debate de ayer -por el jueves- es una opción más que posible. Si las llamadas al diálogo de Rajoy, en las que tengo poca fe pero que tengo la obligación de ver hasta dónde van, no funcionan pues sí, la consecuencia puede ser la huelga general.

¿Qué pedirá al Gobierno en ese primer contacto?

-La derogación de las reformas laborales, la reconstrucción de la negociación colectiva y la recuperación de derechos. No solo sociales, también hablo de derechos y libertades. Hay que derogar la ley mordaza y el artículo 315.2 del Código Penal que impide el derecho de huelga.

¿Hay margen para negociar con Europa esos más de 5.000 millones de ajuste que se piden?

-Es lo primero que tiene que hacer el Gobierno. España no puede cumplir el déficit. Hay que decir a Bruselas que en lugar del 2018 va a ser el 2020. Esos 5.000 millones no hay que recortarlos y, además, hay que recuperar recursos para políticas sociales.

¿De dónde?

-Hace falta un plan de lucha contra el fraude que permita acercarnos a la media europea. No podemos seguir con 80.000 millones de fraude fiscal. Habría que abordar también el tema de las grandes fortunas. Las empresas del Ibex 35 no pagan lo que indica la ley de Sociedades y lo hacen de manera legal. Hay que cerrar esos agujeros. Esas dos fuentes de ingresos, que a corto plazo podrían dedicarse a pensiones, son urgentes.

UGT firmó la reforma de pensiones de Zapatero. ¿Cómo valora aquel apoyo? ¿Cómo se financian los gastos de la Seguridad Social?

-Ahora estamos con la reforma de Rajoy. La reforma de Zapatero no nos hubiera llevado a este desastre. UGT hace en cada momento lo que cree correcto. Hay que reestablecer el Pacto de Toledo con la premisa de que el sistema de pensiones tiene un problema de ingresos, no de gastos. El 35% de la población cobra menos del salario mínimo y eso no lo soporta ningún sistema de pensiones. También habrá que recurrir a los impuestos y, a medio plazo, ver cuál es el impacto de las tecnologías. Los robots tendrán que cotizar a la Seguridad Social. Los robots, los cajeros, las máquinas que no necesitan personal. La tecnología tiene que repartir sus beneficios.

Negocian con la CEOE un nuevo acuerdo de salarios y negociación colectiva. ¿En qué términos? ¿Llegan esos acuerdos a las empresas?

-Si no va a llegar a las empresas no habrá acuerdo. Los acuerdos firmados desde 2008 no los valoramos positivamente. Han sido un freno para los salarios en los sectores con más capacidad reivindicativa. Queremos hablar de salarios, sin un aumento cerrado, y de negociación colectiva. Los convenios de empresa están rebajando los sueldos de decenas de miles de trabajadores hasta un 50%. Hay que frenar esa sangría. Y queremos hablar del salario mínimo. En 2017 tiene que situarse en 800 euros mensuales.

Es crítico con los últimos acuerdos. ¿Ha sido la UGT muy blanda?

-No, para nada. He formado parte de UGT en el pasado. El último congreso ha sido un punto y parte. Estamos en una nueva situación económica, estamos creciendo. No se trata de revisar el pasado sino de situar el futuro.

La justicia ha dado varios varapalos al modelo de contratación del PP, el último elevando la indemnización por despido de los temporales. ¿Ve en los jueces un aliado?

-Están impartiendo justicia. Quien no ha impartido justicia es el Constitucional cuando ha dado su visto bueno a la reforma laboral. Los jueces están haciendo valer el principio histórico de apoyo al más débil, que es el trabajador frente a la chapuza que es la reforma. De esta última sentencia solo pedimos la traslación a la legislación española. Si no hay cambio de norma llevaremos a los juzgados los casos pasados y los futuros.

¿Cuántos eventuales pueden reclamar los veinte días por año?

-Es difícil, en España se hacen decenas de millones de contratos temporales al año. Solo en la administración pública unos 350.000. El Gobierno tiene que asumir la sentencia y negociar para aplicarla a sus trabajadores.

¿Quiere UGT homogeneizar los convenios en todo el Estado, como dicen ELA y LAB?

-Para nada. En todo caso queremos proteger a todos los trabajadores. La negociación solo en la empresa deja desprotegidos a cientos de miles de trabajadores. Los convenios de ámbito estatal, los autonómicos y provinciales y los de empresa son plenamente compatibles. La economía vasca está interrelacionada con la del resto del Estado, no hay una frontera económica. Eso lo saben ELA y LAB. Detrás de esas críticas hay más un intento de ganar espacio sindical que de defender a los trabajadores. Nos van a encontrar en las empresas vascas. Vamos a trabajar para recuperar la posición que hemos tenido históricamente en Euskadi.

¿Qué ha pasado para que UGT esté en Euskadi en cotas tan bajas?

-Me gusta más hablar del futuro. Hay un elemento nuevo en el País Vasco que hemos celebrado todos, también los dirigentes de ELA, como es la desaparición de ETA. Nos permite hacer la acción sindical con libertad. Sin el fenómeno terrorista la UGT de Euskadi no estaría como está. Hay otros elementos, pero ese es el principal.

¿Y los escándalos como los ERE o las ‘tarjetas black’?

-Sin duda. Entre lo que ha pasado de verdad y lo que se ha magnificado pues sí, nos ha perjudicado. En el congreso hicimos punto y aparte en tres aspectos. Uno, transparencia. No podemos tener ni un euro público que no sea conocido. Dos, el afiliado tiene que saber para qué sirve su cuota. Y tres, hay que acabar con la leyenda urbana de que vivimos de la subvención. Es al revés, el afiliado con su cuota paga la defensa de los trabajadores no afiliados. Lo que conseguimos para todos los trabajadores vía negociación colectiva o vía diálogo social nos cuesta 30 millones al año. Con todos mis respetos, los afiliados no tienen por qué pagar la defensa que la Constitución nos obliga a hacer del resto de trabajadores. O se cambia la ley o ese carácter general se tiene que pagar.

Volviendo a Euskadi, ¿es una prioridad para usted?

-Lo es todo el país pero sí, Euskadi es importante. Vengo de la secretaría general de la UGT de Cataluña, que sabe cómo hay que trabajar en un territorio con unos sentimientos nacionales tan profundos como los que hay en Euskadi, que respeto sinceramente. Yo respetaré al 100% a la dirección de UGT-Euskadi y si puedo hacer alguna aportación la haré.

Defiende el derecho a decidir en Catalunya. ¿Y en Euskadi?

-Soy partidario del derecho a decidir en Cataluña, que es donde tendría derecho a decidir si hay un referéndum porque estoy afiliado a UGT de Cataluña. Pero la confederación en su conjunto no ha tomado una decisión, no es una cuestión prioritaria. Una de las diferencias en Cataluña respecto al País Vasco es que allí se ha contado con los sindicatos, no se les ha despreciado. Si la sociedad vasca quiere hacer un proceso similar al catalán tendrá que pensar qué bases tiene. En Cataluña hay un trabajo a fondo con participación y muchos matices en la interpretación del derecho a decidir.

¿Se ha despreciado en Euskadi a los sindicatos?

-Creo que cuando se pone a UGT-Euskadi contra las cuerdas porque el secretario general tiene una posición diferente no se hace para favorecer el derecho a decidir sino para erosionar a la UGT. No vamos por buen camino. Los sindicalistas de Euskadi saben cómo pienso. Comparto las posiciones de Raúl (Arza). En un camino como el de Catalunya no se puede excluir, hay que incluir y sumar. Por eso no entiendo la lucha contra algunos sindicatos en la negociación colectiva. Olvidan que el adversario es el empresario y el Gobierno vasco.