Resulta absolutamente paradójico que, mientras la Agencia Tributaria inicia una nueva campaña del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, unos periodistas y medios de comunicación hayan puesto al descubierto lo que se ha dado en llamar los “papeles de Panamá”, que revelan los nombres de personas que tenían o tienen sociedades opacas en ese país o en otros paraísos fiscales. Y mira por donde que entre esas personas figura el ministro de Industria, José Manuel Soria, que ha renunciado finalmente –después de una semana de mentir y desmentir y volver a mentir- a sus funciones y cualquier actividad política.

La actividad del ministro de Industria puede suponer la comisión de delitos, pero lo que es seguro es que es moralmente reprobable que especialmente un responsable público haya recurrido a sociedades opacas para, presuntamente, evadir impuestos mientras sus conciudadanos pasan cada vez más dificultades y crecen la desigualad y la exclusión social, y se les pide un nuevo esfuerzo en pos de corregir el déficit público. Es absolutamente repudiable que un servidor público haya utilizado mecanismos de ocultación de dinero y opacidad de actividades para realizar una presunta evasión de impuestos. Pero esta actitud también es execrable por parte de ciudadanos particulares.

Por eso, la Agencia Tributaria y la Fiscalía tienen que emprender a una rápida y exhaustiva investigación al respecto y en relación con el conjunto del caso de los “papeles de Panamá”. Una actuación que tiene que ser visible e inmediata, de manera diligente, sin esperar a que salgan más nombres en los medios, que parece es lo que está haciendo. Porque hasta ahora parece que están actuando más bien de notarios de la actualidad.

Pero este es sólo un episodio más de los escándalos a los que nos está acostumbrando el Partido Popular y que parece que están anestesiando a la ciudadanía. ¿O ya no nos acordamos de la trama Gurtel, de los papeles de Bárcenas, el caso Púnica con Francisco Granados a la cabeza, o la trama Taula con Rita Barberá como uno de los máximos exponentes, el presunto cobro de comisiones ilegales de Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, el supuesto blanqueo de capitales del ex presidente de Madrid Ignacio González, la presunta corrupción urbanística en la que está envuelto el exalcalde de Granada, por citar algunos?.

Y mientras, llevamos semanas con informaciones sobre la desviación del déficit público y la deuda pública (que alcanza ya el 100% del PIB) y la necesidad de realizar nuevos recortes, incluso bajo la excusa de que la Comisión Europea nos obliga. Hoy mismo, el ministro de Economía, Luis de Guindos -que paradójicamente asume las funciones del ex ministro Soria-, comparece en el Congreso de los Diputados para hablarnos de esa desviación y de esa deuda y de esos recortes: 2.000 millones de euros nada más y nada menos. Y eso que se dejaron sin gastar cerca de 1.000 millones del Programa de Activación de Empleo y del Plan Prepara, destinados a parados de larga duración, como si no les hiciera falta.

Aunque el nuevo ajuste no afecte al gasto social –como aseguró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo que habrá que ver-, lo cierto es que se trata de otro recorte que perjudicará al crecimiento económico y, por ello, a la creación de empleo. La política de austeridad a ultranza que se ha aplicado en España desde 2010, y con más intensidad desde 2012, han supuesto un empobrecimiento generalizado pero especialmente de los ciudadanos con más necesidades, a costa de reducir las prestaciones fundamentales de nuestro sistema de protección social (desempleo, pensiones, prestaciones sociales, dependencia), así como de desmantelar progresivamente los servicios públicos esenciales (sanidad, educación).

En fin, mientras unos defraudan –o lo intentan-, a otros les recortan. Eso no es justo y no lo podemos permitir.