​UGT considera que el principal desequilibrio de nuestro país es el desempleo no el déficit y que el Gobierno debería cambiar su política económica priorizando la reducción del paro y la creación de empleo de calidad. El sindicato afirma que la estrategia de recortes y austeridad extrema ha provocado una pérdida de capacidades productivas y mucho sufrimiento a los ciudadanos, y reclama poner el acento en relanzar la demanda interna y reducir los niveles de pobreza en nuestro país. Para ello propone reformas clave que velen por el interés general, como la del sector de la energía o la reforma tributaria, reforzar la protección social y apostar por una negociación colectiva fuerte y el aumento de los salarios reales.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho público hoy el dato final de déficit público efectivamente alcanzado en 2014, que ha sido del 5,7% del PIB.

Con ello, se cumple el objetivo comprometido con Bruselas para el pasado año, que era del 5,8% (aunque es dos décimas superior al objetivo previsto por el propio Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado). Para 2015 el objetivo comprometido con Bruselas es del 4,2%. En la medida en que se evita las consecuencias financieras de un incumplimiento de los compromisos adquiridos, cabría valorar el dato favorablemente. Pero es lo que rodea a esta cifra macroeconómica lo realmente importante, y lo que debería centrar de manera permanente el debate y las comparecencias públicas de los responsables de Economía y Hacienda del Ejecutivo español. 

Hay que recordar que el objetivo de déficit de 2014, cuyo cumplimiento ahora celebra el gobierno, es la consecuencia de una serie de revisiones de esos objetivos por parte de las autoridades europeas, ampliando el horizonte del ajuste. No conviene olvidar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 el objetivo de déficit era ya del 5,3%, menor que el que se ha alcanzado dos años después. Y que para 2013 ese objetivo era del 3%. La constatación de la imposibilidad de cumplir esa senda de ajuste llevó a la Comisión Europea a fijar un nuevo escenario de consolidación fiscal en 2013, posponiendo el logro del 3% a 2016. Además, la deuda pública ha seguido creciendo, hasta situarse bordeando el 100% del PIB.

Tras todo ello, se esconde la aplicación en estos tres últimos años de una estrategia de recortes y austeridad extrema que solo ha provocado una pérdida de capacidades productivas, el aumento del desempleo hasta los 5,5 millones de personas y mucho sufrimiento a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. El cumplimiento del 5,5% de déficit, que algunos celebran hoy, encubre las penosas consecuencias de la estrategia de empobrecimiento aplicada en nuestro país desde 2010 y desarrollada por el gobierno del Partido Popular sin miramientos.

Precisamente lo que ponen de manifiesto las cifras de consolidación fiscal de cada año es la inutilidad y el grave error que ha supuesto la fijación, desde 2010, de esa estrategia de ajuste draconiano, tal y como denunciamos ya entonces desde UGT. Una estrategia que, aunque se sabía de la imposibilidad de su cumplimiento, se ha ido utilizando como excusa para imponer esa agenda de la austeridad plagada de reformas antisociales.

La incipiente mejora de la situación económica ahora en España y en Europa en general no es en absoluto consecuencia de esa dañina estrategia, sino de las medidas de relajación monetaria del Banco Central Europeo, de la caída del precio del petróleo y de la reactivación de la economía de Estados Unidos, que ejerce ya como locomotora mundial.

Este cambio de ciclo hará más fácil el logro de los compromisos de déficit de los próximos años, pero no se consolidará si no se adopta un cambio de políticas nítido, mucho más claro que el que está proponiendo la nueva Comisión Europea, y que parta del reconocimiento de que el problema en Europa es la falta de demanda.

Europa necesita una nueva estrategia de reactivación que responda a la magnitud de los desafíos que afronta: 24 millones de desempleados, una economía estancada y riesgo cierto de deflación. Para ello, debe impulsar un nuevo Plan de Inversiones más ambicioso que el llamado Plan Juncker, que resulta muy insuficiente. Un Plan como el propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos, que supone aumentar la inversión un 2% del PIB anual durante los próximos 10 años. Además, es preciso excluir la inversión pública en proyectos industriales e infraestructuras generadoras de empleo del cómputo del déficit de cada país, articulando una nueva senda de consolidación fiscal más relajada e impulsando una política fiscal europea más armonizada, que erradique los paraísos fiscales y combata la elusión fiscal de las grandes multinacionales. 

Para España, bastaría con que el gobierno entendiera que nuestro principal desequilibrio no es el déficit, sino el desempleo. Y que aplicara una estrategia coherente con el objetivo de reducir el paro y crear empleo de calidad. Ese debería ser el foco mediático en materia económica, porque es el que reclama la ciudadanía. 

El dato de déficit conocido hoy no refleja ante la opinión pública muchos elementos que dan mejor medida de la realidad del país que una cifra porcentual: el empleo de mala calidad que se está creando en este inicio del nuevo ciclo expansivo, que tiene efectos nocivos en términos económicos y sociales; la cuantiosa pérdida de recaudación tributaria que padecemos por las técnicas de elusión y evasión fiscal de muchas grandes empresas y contribuyentes con rentas elevadas; la pérdida de poder de compra a la que están condenados año tras año los pensionistas de nuestro país por la reforma aplicada por el gobierno; la falta de un modelo estratégico de crecimiento, distinto de la continua rebaja de costes laborales y empeoramiento de condiciones de trabajo, que permita consolidar una nueva fase de progreso económico más sostenible; el aumento de las desigualdades y del riesgo de pobreza y exclusión social, que cada vez afecta a más familias. Todo esto y muchas otras cuestiones igualmente penosas, componen la realidad socioeconómica de nuestro país, mucho más que la cifra de déficit. Y a ello deberían dar respuesta las políticas aplicadas.

Desde UGT reclamamos un cambio en la política económica aplicada en nuestro país, que ponga el acento en relanzar la demanda interna y reducir los niveles de pobreza. Para ello, es necesario:

• la puesta en marcha de algunas reformas clave, como la del sector de la energía, para facilitar su acceso a toda la ciudadanía y hacerla más barata, o la tributaria, para aumentar la recaudación y aumentar la justicia de las aportaciones, haciendo que paguen más quienes disponen de más renta y patrimonio; 
  
  
• el reforzamiento de las políticas públicas de protección social; 
  
  
• ​y, en el ámbito de la negociación colectiva, el aumento de los salarios reales, puesto que son la fuente de ingresos esencial de millones de familias, y sin su participación es imposible relanzar el consumo y consolidar un crecimiento sostenible y generador de más y mejor empleo.