El próximo mes de enero, los casi nueve millones y medio de pensionistas de este país verán como sus pensiones se revalorizan en un escuálido 0,25%, mientras que el resto de bienes de primera necesidad y suministros lo harán en un porcentaje que servirá para completar la previsión del IPC del Gobierno, que anticipa que el coste de la vida subirá en España el año próximo entre un 1,2% y un 1,6%. En enero, por tanto, cuando el Gobierno imponga nuevamente su índice de revalorización nacido al margen del Pacto de Toledo, habrá un recorte automático y directo de todas las pensiones de este país, que solo dejará que estas suban un 0,25%, cantidad cercana a la congelación de hecho, pero que en realidad es un recorte que oscila entre el 1% y el 1,4%.

Es por este motivo por el que en UGT llevamos tiempo movilizados. Ya en septiembre pedimos al Gobierno que actualizara las pensiones en 2017 conforme al IPC real, petición esta que hasta la fecha no ha sido contestada. Pero también le avisamos al Gobierno en la misma misiva de que de no hacer caso a nuestra petición acudiríamos a los grupos parlamentarios para que, mediante una proposición de ley, se aprobara una norma que en enero dejara en suspenso el índice de revalorización del Partido Popular y permitiera que las pensiones crecieran a razón de lo que lo hace el IPC. Lo contrario, es un recorte.

Como muchos ya sabrán, esa proposición de ley fue respaldada y presentada el pasado día 13 de octubre por 178 diputados, una mayoría parlamentaria que debería ser suficiente para que el Gobierno la tomara en consideración y permitiera su debate y trámite de enmienda en la Cámara Soberana. Eso sería lo más lógico, habida cuenta de que el Gobierno no tiene mayoría actualmente en el parlamento y de que nuestra proposición de ley sí cuenta con el apoyo de la mayoría (PSOE, Podemos, ERC, PNV y PDC). Pues no, al parecer para el Gobierno no son suficientes las reglas de las mayorías parlamentarias cuando su voluntad de recorte de las pensiones es tan firme como lo es actualmente. Cuando el pasado 29 de noviembre el Ejecutivo veta nuestra iniciativa para que no sea objeto de debate en el pleno, lo que está tratando de evitar es reconocer públicamente y en sede parlamentaria lo que están decididos a hacer: recortar las pensiones de todos los pensionistas de este país.

El Gobierno no asume que ya no tiene mayoría absoluta y que el juego democrático le obliga a dialogar y a escuchar las razones del resto, entre otras las que defienden y motivan nuestra proposición de ley. Porque, entre otras cuestiones, el debate que pretenden hurtar debería servir para poder preguntarle al Gobierno el motivo por el que han de reducirse las pensiones en este país cuando el PIB está creciendo por encima del 3%, ¿acaso es que un pensionista que recibe entre 600 y 650 euros (es el tramo de pensión más habitual en España) se puede permitir ver recortada esa pensión? Quizás no quieran escuchar estas preguntas que llevan ya la respuesta implícita en la propia Ley de Pensiones, obra del Gobierno en 2013, y que a través del factor de sostenibilidad, propiciará una rebaja en la cuantía de las pensiones futuras de entre el 11% y el 26%.

Ahora, con el Pacto de Toledo en marcha, es el momento de un amplio debate que permita encontrar soluciones consensuadas para mejorar y asegurar el sistema de pensiones de cara al futuro. Sin embargo, el Gobierno no parece predicar el diálogo con el ejemplo, ya que vetar una iniciativa como la nuestra alegando una desviación presupuestaria, cuando el presupuesto aún está por hacer, no es muy buena señal ni sirve para justificar nada, más allá de su poca o nula predisposición a hablar del poder adquisitivo de las pensiones en el pleno y ante todos los grupos. Que se hable y se debata en el Parlamento sobre este tema no pensamos, desde UGT, que sea algo nocivo para nuestro país, como para que la iniciativa reciba el veto del Gobierno por toda respuesta.

Pero hay más, porque es ya el cuarto año consecutivo (desde 2012) que el Gobierno le da una “patada hacia delante” al déficit de la Seguridad Social, pues hasta ahora no ha planteado ninguna medida en los próximos presupuestos generales dirigida a corregir el mismo. Y eso con el Pacto de Toledo en funcionamiento, un foro donde el Gobierno debería departir con todos los grupos políticos, entre otras cosas, sobre la financiación de la Seguridad Social. Nada se ha oído de esto y, por el contrario, las únicas medidas ejecutadas por el Gobierno han sido nuevamente unilaterales. Volver a disponer del Fondo de Reserva para la extra de los pensionistas, sin alcanzar previamente un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo sobre la financiación de las pensiones, vulnera el espíritu de consenso y diálogo que ha de presidir este foro y no apunta de momento en la dirección necesaria, puesto que se necesita a todos los agentes implicados para alcanzar la mejor de las soluciones posibles para el futuro de las pensiones en nuestro país. Lo que está en juego en realidad es nuestro Estado del bienestar, que aunque exiguo y carcomido, continúa siendo de todos y todas, y no como pretenden, de unos más que de otros. Es por este motivo por el que nos vamos a movilizar el próximo 13 de diciembre, y el 15D, y el 18D

Mari Carmen Barrera es secretaria de Empleo de UGT.​

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