No más mentiras: La realidad de la situación judicial de Roberto Macías

Fecha: 21 Nov 2019

Respecto a la información de Efe en referencia a “Activistas contra corrupción piden a la UGT que retire cargos contra Macías”, UGT quiere trasladar las siguientes precisiones:
 
• Que la Secretaría General no ha recibido ningún tipo de comunicación de ningún grupo de activistas en relación con esta cuestión.
 
• Que difícilmente se puede atribuir la condición de denunciante de caso de corrupción a quien nunca ha denunciado nada y que ha utilizado un procedimiento en el que consta su participación como autor, indiciariamente, de unos hechos constitutivos de infracción penal, para su propio beneficio personal.
 
• Que  UGT Andalucía sólo se nos limitamos a relatar la secuencia de lo ocurrido desde un punto de vista objetivo, sin entrar en ningún tipo de valoraciones, pues será la justicia quien determine la responsabilidad de los hechos. Esa ha sido nuestra forma de actuar y así seguiremos actuando.
• Que Roberto Alejandro Macías Chaves fue objeto de despido por causas objetivas en fecha 30 de noviembre de 2012 en UGT Andalucía. Según consta en los autos judiciales seguidos ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla, con fecha anterior a su despido, Roberto Alejandro Macías Chaves realizó una copia masiva de ficheros en un disco duro extraíble, a través de su ordenador, con su usuario y en horario de trabajo. Este hecho puesto en conocimiento del Juzgado, y ratificado posteriormente en un informe pericial de la Policía Nacional, dio lugar a la entrada y registro en el domicilio de Roberto Macías Chaves acordada, como no podía ser de otra forma, por el órgano judicial competente con la conformidad del Ministerio Fiscal.
• Que es el informe pericial de la Policía Nacional el que establece que la fecha de creación de los archivos encontrados es muy posterior a la fecha de despido de Roberto Macías Chaves, por lo que esa versión que el interesado va lanzando, en la que dice que se le despidió tras denunciar la corrupción, carece de fundamento alguno. Insistimos, su despido fue muy anterior al registro en su domicilio.
• Que como resultado de la Instrucción practicada, el propio Juzgado competente ha considerado acreditados indiciariamente unos hechos constitutivos de infracción penal, siendo autor de los mismos Roberto Macías Chaves, formulándose los correspondientes escritos de acusación tanto por parte de UGT Andalucía como por parte del Ministerio Fiscal contra Roberto Macías Chaves.
 
Asimismo, hay que resaltar que Roberto Macías Chaves en ningún momento ha formulado denuncia alguna ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o ante los órganos judiciales competentes, más allá de lo que pudiera ser su presunta intervención en la publicación de informaciones de nula veracidad en los medios de comunicación acaecidas desde su despido. Como tampoco ha sido testigo o “alertador” de absolutamente nada que haya originado un ataque contra su persona. Su declaración como testigo ante la Guardia Civil, al igual que la de otros trabajadores y extrabajadores de este Sindicato, se produce casi seis meses después de haberse iniciado el procedimiento judicial tramitado por el Juzgado competente y ya con las Diligencias Previas contra su persona incoadas en el Juzgado de Instrucción número 11.
 
UGT Andalucía siempre ha mantenido un escrupuloso respeto a la justicia, por ello nunca ha querido intervenir en las declaraciones que lleva realizando a diversos medios de comunicación en los últimos años, pero la falta de veracidad de sus intervenciones nos obliga a aclarar cuál es la verdad de todo lo que ha pasado.
 
Reiterar que, el procedimiento judicial instado contra el Sr. Macías se inició con anterioridad a su declaración como testigo, por lo que es irreal afirmar que dicho procedimiento es una represalia por su declaración, como también es irreal calificarse de denunciante de corrupción cuando ninguna denuncia se ha interpuesto contra esta organización ni ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni ante el Ministerio Fiscal, ni ante los Juzgados.
Fuente: UGT