​El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha desmentido -tal y como recoge algún medio de comunicación- que haya un principio de acuerdo con las organizaciones empresariales respecto a prorrogar el actual Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Es un acuerdo que termina el 31 de diciembre y cuya renovación no es posible a través de la prórroga, “tal y como ya hemos consensuado con las organizaciones empresariales”, porque el acuerdo de 2012-2014 corresponde a un periodo de recesión económica, en absoluto al periodo de recuperación económica del que están hablando la patronal y otras instituciones. Ferrer ha precisado que “hay que negociar un acuerdo nuevo, un acuerdo en el que se traten los problemas centrales que hoy en día tienen las empresas y los trabajadores”.

En este sentido, se hablará sobre fomentar la estabilidad en el empleo y la correcta utilización de la contratación para reducir la dualidad, impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la seguridad y salud en el trabajo y extender la formación para el empleo, como un instrumento para mejorar la empleabilidad y, por tanto, también la productividad de las empresas. Asimismo, ha afirmado que hay que “desarrollar también criterios en materia de reestructuraciones empresariales, impulsar la flexibilidad negociada frente a posibles ajustes de empleo y dar respuesta a la necesaria estructura de la negociación colectiva, fortaleciendo los acuerdos sectoriales y dotando de estabilidad a la vigencia de los convenios, superando así la imposición de la reforma laboral en materia de ultraactividad”. En el marco de estas materias, ha precisado, se tratará la política salarial.

Por último, Ferrer ha señalado que, en absoluto, se puede vincular el tratamiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el proceso de discusión bilateral que mantienen patronal y sindicatos. El SMI es una obligación que tiene el Gobierno de la nación y que debe consultar con los interlocutores sociales. Ferrer ha recordado que el Ejecutivo ha congelado el SMI en años anteriores, lo que ha provocado una pérdida del poder adquisitivo a las personas más desfavorecidas. UGT planteará, en primer lugar recuperar el poder adquisitivo perdido, que está por encima del 5,8% y que el Gobierno se comprometa a cumplir, en un plazo de tiempo razonable, con la Carta Social Europea, que establece que el SMI alcance el 60% del salario medio.​