Pepe Álvarez insta a prorrogar cuanto antes los ERTES, pide iniciar la derogación de las reformas laborales y rechaza cualquier medida que suponga un recorte en las pensiones

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha repasado los retos económicos, laborales y sociales para este año. Ha calificado 2020 de “año terrible para el empleo, solo comparable a la crisis de 2008 2009, pero con muchas más expectativas de recuperación, entre otras razones por la puesta en marcha de los ERTE, un elemento extraordinariamente positivo para evitar la destrucción de empleo. “Los ERTEs han salvado más de 2.250.000 puestos de trabajo, aunque no nos podemos olvidar de las 700.000 personas desempleadas más que tiene nuestro país y que se suman a las que ya habían”.

Ha manifestado que es muy importante la prórroga de los ERTES y que UGT va a plantear un proceso rápido, “si puede ser hoy, levantémonos con un acuerdo. Nosotros queríamos que este tema se hubiera solventado en septiembre y que los ERTE duren el tiempo que dure la pandemia y en consecuencia las prórrogas deberían ser automáticas. Quiero pedirle al Gobierno que no saque ningún conejo de la chistera y que proponga prorrogarlos en las condiciones actuales y a la CEOE que siga los cánones de la patronal europea y, por tanto, que no pida nada que no piden sus colegas alemanes, franceses o italianos”.

Respecto al SMI ha dicho que “estamos sorprendidos desagradablemente” por el rechazo a la subida del SMI y ha pedido al Gobierno que haga pedagogía, con elementos fehacientes y comprobables, “si no se hace así se contribuye a crear un caldo de cultivo de fenómenos contrarios a la democracia y a la estabilidad”. 

Álvarez ha explicado que el SMI se aplica a trabajadoras y trabajadores que desarrollan su labor en sectores que no están en crisis. Afecta a los trabajadores de la agricultura, que no está en crisis, y que necesitan mejorar sus condiciones de trabajo; a algunos servicios que van a cargo de las Administraciones Públicas, que han trasladado parte de su responsabilidad a cargo del bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas (un ejemplo de ello es lo que ocurre con la seguridad privada) o a las trabajadoras/es  de las residencias de ancianos o cuidadoras/es, “cuántas lágrimas por esas mujeres, pero no a la hora de subirlas el salario mínimo o revisarlas su condiciones de trabajo”.

Ha demandado al Gobierno que estudie a quien afecta la subida del SMI y que cumpla su compromiso de no dejar a nadie atrás incluyendo a estos trabajadores y trabajadoras, lo que supondrá también un paso al frente hacia la igualdad.

Álvarez ha señalado además que no hay ninguna razón en el entorno europeo para no subirlo. En Portugal sube un 4,7%; en Alemania un 2,7%. 

Ha señalado que “no vamos a aceptar, ni acordar una subida del SMI solo del 0,7%, no es una opción”,  y ha advertido que  la subida puede hacerse ahora, manteniendo “la paz social, o en febrero, marzo, abril,…ya veremos. Nosotros no vamos a parar hasta que no se suba el SMI y vamos a hacer un llamamiento a los trabajadores /as de este país para que no se olviden porque el SMI afecta a estas personas, pero también al conjunto del país y al empleo”.

Derogar las reformas laborales, regular las plataformas digitales y renovar el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva

El Secretario General de UGT ha dicho que “este año hay que abordar la derogación de las reformas laborales y que el Gobierno debe actuar y cumplir con los compromisos que adquirió con la sociedad en su programa electoral. Ha pedido causalizar ya el despido colectivo para evitar que en nuestro país se pueda despedir por cualquier cosa y evitar más destrucción de empleo. 

Por otro lado, ha declarado que “espero que en este mes de enero tengamos cerrado la regulación de los riders”. Un paso adelante, para regular las plataformas digitales, en su conjunto. Para ello es necesario primero establecer un registro de las mismas.  No vamos a renunciar a que haya una “regulación de estas plataformas digitales”, que a veces se pueden utilizar como pantallas para cometer fraude fiscal.

Respecto al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva ha recordado que el actual acuerdo ha finalizado el 31 de diciembre y que es necesario reanudar “cuanto antes” las negociaciones para lograr un nuevo acuerdo para 2021. Asimismo, ha señalado que sería importante hacer una evaluación para ver el grado de efectividad del actual acuerdo. 

Derogar la reforma de pensiones de 2013 y agilizar el pago del IMV

Pepe Álvarez ha calificado de “surrealista” que se debatan en los medios algunas propuestas sobre pensiones que el Gobierno no ha presentado en la mesa de diálogo social. En este sentido, se ha referido a que no se ha planteado en la mesa aumentar el tiempo para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años. “Si es un globo sonda, es mejor que no se presente porque nos vamos a oponer”. Primero porque siguen vigentes los efectos del acuerdo de pensiones de 2011 y porque no vamos a aceptar un recorte de las pensiones, que afectaría sobre todo a los trabajadores y trabajadoras con peores condiciones laborales. 

“Hay una cuestión básica y es que el Gobierno cumpla con su programa y derogue la reforma de pensiones de 2013”. Y a partir de ahí volver al año 2011 que es el acuerdo firmado por los agentes sociales y el Gobierno de Zapatero. Hay que ver la incidencia de este acuerdo y qué medidas hay que adoptar. Medidas que, en ningún caso, pasan por recortar las pensiones en nuestro país, que no tienen un problema de gastos, sino de ingresos y de pagos indebidos. Gastamos en pensiones tres puntos menos del PIB que Alemania, 5 puntos menos que Italia y 4 puntos menos que Francia. 

 Álvarez ha querido recordar el problema de centenares de miles de personas que viven en la pobreza extrema y duermen en las calles de nuestro país. Personas a las que no ha llegado el Ingreso Mínimo Vital. En este sentido, ha recordado que UGT ya advirtió al Gobierno que se equivocaba llevándolo a la Ley General de la Seguridad Social porque “esta prestación había que hacerla de manera rápida, bajo la responsabilidad de las personas que lo perciben y tener un carácter temporal con la pandemia. El mínimo vital general hay que discutirlo, y acordarlo. Se quiso hacer una ley que está teniendo dificultades de aplicación”. 

Una prestación que no se puede resolver telemáticamente y que “debe pivotar sobre los servicios sociales de los Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas, para poder resolver los expedientes de manera inmediata”.

Por otra parte, ha pedido al Ministerio de Trabajo que revise el cobro de los ERTE. “Estamos en diciembre y continúa habiendo dificultades. Es una situación que vemos cada día. Necesitamos un mayor esfuerzo, que pasa por la contratación de más empleados públicos para solventar las dificultades actuales”.

En referencia a los Fondos de Reconstrucción, el Secretario General de UGT ha pedido participación a la hora de definir las normas y en los planes que se presenten tanto en el ámbito de las empresas, como en el ámbito de las agrupaciones de empresas, de las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos. Estamos trabajando con el Gobierno para que los proyectos vengan con el aval social a hora de aprobarlos. 

Asimismo, ha instado a poner en marcha un verdadero Plan por la Industria y que el Gobierno sea consciente de la necesidad de una transición justa. 

El Secretario General de UGT también ha denunciado el aumento de accidentes mortales ocurridos en 2020 a pesar de la menor actividad (han muerto 607 personas) y ha pedido un Plan de choque contra la siniestralidad en el ámbito del diálogo social. 

Transparencia  y agilidad en el proceso de vacunación

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado la necesidad de controlar la pandemia para la recuperación de la actividad y el empleo y agilizar el proceso de vacunación. En este sentido, ha dicho que “no hay ninguna justificación, para que algunas Comunidades Autónomas no cumplan con el calendario de vacunación y no pongan los medios para administrar de manera inmediata las vacunas que llegan”. En este sentido, “vemos con bochorno los procesos de privatización y la falta de capacidad de gestión de algunas Administraciones para hacer frente a sus obligaciones. Asimismo, ha pedido transparencia para que “una vacuna como ésta de carácter público, realmente se respete los tiempos de los colectivos a los que primero haya que vacunar y no haya grupos sociales privilegiados que sin estar en esos grupos de riesgo reciban la vacuna antes de otros”.