Las organizaciones sindicales han denunciado en reiteradas ocasiones que esta ofensiva responde a una manera de gobernar caracterizada por la restricción de derechos y libertades de la ciudadanía que ya ha conseguido que cerca de 300 sindicalistas hayan sido sometidos a un proceso judicial, -algunos incluso con petición de penas de hasta 8 años de cárcel-, tan sólo por el hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga.

 

Para ambos sindicatos, se está aplicando una restricción desproporcionada del ejercicio de un derecho, que se ha ejercido durante más de treinta y cinco años de manera democrática y constitucional por parte de los trabajadores y que se ha caracterizado en todo momento por la ausencia de violencia pero en los últimos tiempos se ha creado una dinámica de criminalización de la acción sindical destinada a desalentar a los trabajadores y presentar el derecho a la huelga como una práctica delictiva.

 

Por ello, UGT y CCOO se han reunido ya con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y se han dirigido por carta a la Fiscalía con el fin de cambiar la normativa en el Código Penal y reponer los derechos fundamentales que se están socavando.

 

La campaña ha recabado el apoyo de diversas organizaciones e instituciones como UNI Global Union, que representa a más de 20 millones de trabajadores o la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), entre otras.