​La inmigración es uno de los desafíos pendientes de nuestro tiempo. No se ha abordado en términos de igualdad e integración sociolaboral, ni se han sabido aprovechar las oportunidades que presenta este fenómeno para lograr un sistema social y productivo más justo, equitativo, solidario y democrático.

La migración no es algo temporal. Se trata de un flujo continuo en un mundo muy desigual, en el que las personas buscan oportunidades de empleo, de desarrollo personal fuera de su entorno o que huyen de sus países para preservar su vida o libertad.

Desde luego, las políticas que practica este Gobierno, de mira cortoplacista, no están aportando una respuesta eficaz.
Lo acontecido hace unos días en Archidona, donde encerraron a 500 inmigrantes rescatados de pateras para vivir en una prisión en condiciones de hacinamiento y sin respeto a sus derechos fundamentales, pone de manifiesto claramente cómo este Ejecutivo afronta la inmigración irregular. El temor al posible efecto llamada le lleva a no disponer de los recursos para resolver la situación.

Ocurre también en el resto de la Unión Europea, cuyos Estados han mostrado de sobra su falta de voluntad y, también de capacidad, para abordar correctamente los movimientos migratorios dentro y fuera de la Unión. No se han tomado medidas para garantizar los derechos y la protección, ni han creado los instrumentos necesarios para una inmigración regular. Sin embargo, sí se ha optado por medidas que ponen en peligro vidas y derechos humanos básicos, que cuestionan el derecho a la libre circulación de personas y de trabajadores y trabajadoras, arrojan incertidumbre sobre la vigencia del espacio Schengen y fomentan el avance de la extrema derecha en Europa, del racismo y la xenofobia, avivados por el aumento de las desigualdades y la pobreza.

La escalada de la desigualdad se observa claramente en el mercado laboral español, que ha llevado al exilio a parte de su población y ha animado a regresar a sus países de origen a buena parte de la población extranjera.

Las reformas laborales han fomentado la precariedad laboral, anulado el principio de igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo, condenado a los trabajadores  y trabajadoras extranjeras a largos periodos de clandestinidad, de  trabajo irregular y provocando su empobrecimiento.

Los salarios en España son de por sí muy bajos para el conjunto de la población, pero lo son aún más entre los asalariados de nacionalidad extranjera. La crisis ha aumentado el número de estos asalariados, al igual que los que tienen doble nacionalidad, con salarios de alrededor de 700 euros (datos de 2016, según la EPA). Y, en el caso del trabajo a tiempo parcial, incluso el salario ha disminuido con respecto al que percibían en 2006.

Todo ello ha provocado que la capacidad de gasto sea menor en los hogares en los que  el sustentador principal es una persona extranjera. Solo un 6,4% de los asalariados podrían cubrir el gasto mensual con su salario neto.

Desde UGT creemos que es necesaria una política migratoria consensuada que garantice la integración de las personas inmigrantes y  políticas específicas de inserción laboral, de formación profesional para el empleo y permanencia en el mercado de trabajo.

Un empleo con derechos es un motor de igualdad e integración.

• Artículo en "El Siglo de Europa"​