​El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que la Comisión Europea “denota que o tiene una capacidad de análisis muy cínica o desconoce la realidad”, en referencia a las conclusiones de la institución tras analizar los datos microeconómicos de España entre 2008 y 2013.

En declaraciones previas a la asamblea de delegados de UGT-Euskadi en Vitoria, Cándido Méndez ha manifestado que “todas las reformas laborales que se han hecho en España han sido bajo el auspicio de la Comisión Europea y con el objetivo de acabar con la dualidad en el mercado laboral, y lo que han conseguido ha sido justo lo contrario. Por lo tanto, de lo que se trata no es de plantear o intentar imponer una nueva reforma laboral, sino reconocer los errores graves e iniciar un camino distinto”.

En este sentido, “los problemas que tiene nuestro mercado laboral y nuestra economía no se resuelven con una reforma laboral ni con más recortes de derechos, se resuelven con inversiones productivas, en Europa y en nuestro país, y apostando decididamente por el crecimiento real de los salarios, que es lo que estamos defendiendo las organizaciones sindicales”.

Cándido Méndez ha señalado que “parece que la Comisión Europea pretende seguir una estrategia muy retorcida, y bastante vieja, en la que intenta achacar a los padres, por tener un empleo fijo, los graves problemas de precariedad laboral. Es decir, pretende azuzar un choque intergeneracional, responsabilizando a los trabajadores de los problemas que padecen los propios trabajadores, y esto es manifiestamente injusto”.

“En el fondo”, ha considerado, “lo que plantean es hacer más rápida e intensa la devaluación salarial. Cuando hacen esa contraposición entre lo que ha bajado el salario de los trabajadores temporales y lo que ha bajado el de los trabajadores fijos, la contraposición no es para elevar el salario de los temporales, sino para bajar aún más el salario de los fijos”.

Por lo tanto, “lo que correspondería en esta nueva etapa es que reconocieran que la fase de la austeridad ha fracasado y que hay que emprender un nuevo camino, el de la inversión y el crecimiento real de los salarios”.

Sustituir el binomio austeridad-reformas por el de inversiones y crecimiento real de los salarios

El Secretario General de UGT ha manifestado también en estas declaraciones que la situación actual “es muy complicada desde el punto de vista económico, social y laboral y las proclamas reiteradas de que España está avanzando en la recuperación no se corresponden con la realidad”. En este sentido, UGT “está a favor de la recuperación económica, pero la que traiga como consecuencia la creación de empleo estable y con derechos”.

El problema es que esto no ocurre. “Los niveles de la traducción de la recuperación en el empleo son insuficientes y ya el tener un trabajo no es una garantía para salir de la trampa de la pobreza”.

Por ello, “es imprescindible sustituir en España y en Europa el binomio austeridad y reformas estructurales por el de inversiones productivas y crecimiento de los salarios reales”.

En este sentido, el Gobierno tiene un compromiso adquirido con las organizaciones sindicales para poner en marcha una nueva prestación económica para atender a los trabajadores en paro que han agotado cualquier tipo de prestación. Esa nueva prestación, “según nuestros cálculos, tendría que amparar a entre 400.000 y 500.000 familias españolas, en las cuales el cabeza de familia lleva dos o más años en paro, no tiene ningún tipo de prestación y están en una situación absolutamente desesperada”.

De esta manera, “habría que generar esta nueva prestación, que debería oscilar entre 426 y 480 euros y debería mantenerse con carácter general hasta que disminuya el paro y aumente la cobertura de la prestación por desempleo en nuestro país”.

Un pacto ético contra la corrupción

Preguntado por los casos de corrupción que asolan nuestro país en las últimas fechas, Cándido Méndez ha demandado “una serie de medidas en relación a esta problemática”.

“Más allá de las iniciativas de distintos partidos e instituciones, que consideramos que están bien, habría que llegar a un pacto ético de carácter general, que partiese de una declaración solemne del Congreso y el Senado para una decidida lucha contra la corrupción”.

Además, “se debería elegir una comisión independiente integrada por partidos políticos, instituciones, sindicatos, etc. que emita un dictamen con una serie de líneas para luchar contra la corrupción”. 

En cualquier caso, “y sin esperar el dictamen de esa comisión, deberíamos adherirnos todos por anticipado, partidos políticos, sindicatos, patronal y demás actores de la vida política, económica y social de nuestro país”.