Un total de 11.391 enfermedades profesionales se han declarado en nuestro país de enero a agosto de 2014, 64 menos que el mismo periodo del año anterior, de las cuales 5.331 han sido con baja y 6.060 sin baja.

Así se refleja en el informe “Enfermedades Profesionales. Agosto 2014”​ elaborado por UGT, que señala cómo estas cifras están aún lejos de las del año 2006, cuando se aprobó el nuevo sistema de notificación y registro que hizo aflorar muchas de ellas que estaban siendo tratadas como enfermedades comunes.

Para UGT, el descenso que se ha producido durante estos años en la declaración de las enfermedades profesionales con baja y el aumento de las que no causan baja puede deberse más al temor a la pérdida del puesto de trabajo que tienen los trabajadores en la situación actual, que a la aplicación de medidas preventivas en el seno de las empresas.

Por ello, el sindicato reitera su denuncia por la clara infradeclaración de enfermedades profesionales en nuestro país, que producen consecuencias nefastas para la población trabajadora al aumentar las posibilidades de empobrecimiento y exclusión social y laboral de las personas. Para paliarlo, el sindicato reclama que el médico disponga de una información más detallada del paciente, con el fin de conocer la profesión del mismo y poder diagnosticar la enfermedad como profesional, y potenciar la especialidad de medicina del trabajo en el centro de salud para mejorar el diagnóstico de las enfermedades de origen laboral.

Además, sigue habiendo una falta de implantación de medidas preventivas en el seno de las empresas, a pesar de que sería un beneficio tanto para ellas como para el trabajador, ya que estos podrían desarrollar su labor de manera más eficiente y sin riesgos para su salud y se evitarían sustituciones en los periodos de sus bajas por enfermedad.

El informe destaca también que el 83% de las enfermedades profesionales declaradas se engloban dentro del grupo de las causadas por los agentes físicos (las originadas por los trastornos musculo-esqueléticos), la actividad económica con un mayor número de enfermedades es la del comercio al por menor y el amianto sigue siendo el agente cancerígeno que más enfermedades profesionales causa.

Para UGT, tenemos que atacar el problema en su origen. Y los culpables de la siniestralidad laboral en España están muy definidos. La temporalidad, la precariedad, la subcontratación y, en gran medida, la ausencia de prevención de riesgos laborales en la pequeña y muy pequeña empresa imposibilitan el descenso de las cifras de esta lacra social, por lo que resulta indispensable una acción sindical efectiva en todo lo relacionado con la salud laboral y la prevención en las empresas. Además, el índice de incidencia de los accidentes de trabajo (la relación entre el nº de accidentes y la población asalariada) también está aumentando alarmantemente, tanto en los accidentes con baja como el de los accidentes sin baja.

Por ello, UGT reclama aumentar las actuaciones de control del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo en todos los sectores y en todas las empresas, con el fin de resaltar la infradeclaración de las enfermedades profesionales; incluir en el cuadro de enfermedades español la lista de enfermedades profesionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y que el preceptivo informe de los trabajadores ante la contratación de la empresa con la mutua sea vinculante, con el fin de que los criterios de contratación sean de satisfacción de los trabajadores y no de economicidad y fiscalización de las bajas.

 Además, resulta imprescindible que las distintas administraciones y empresas implanten de manera real y efectiva políticas y planes de prevención, concienciando sobre la importancia de actuar contra los riesgos psicosociales en la empresa para que vean la prevención como un beneficio y no como un gasto; poner especial atención en los accidentes y enfermedades que no ocasionan baja, que están alcanzando unas cifras muy elevadas; recordar el cumplimiento del principio de precaución, sobre todo para los trabajadores que manipulan productos químicos y biológicos; y promover la creación de un Fondo de Compensación para los trabajadores afectados por el amianto y para sus familias, entre otras cuestiones.