El último Consejo de Ministros del año recoge reivindicaciones de UGT, pero el diálogo debe proseguir

• El Gobierno aprueba vincular las pensiones al IPC, sanciones al trasvase irregular de asalariados en falsos autónomos y multas a las empresas por los contratos de muy corta duración, entre otras cuestiones

• UGT reclama la derogación de la reforma laboral de 2012 y de la reforma de las pensiones de 2013 para alejar a nuestros trabajadores y pensionistas del umbral de la pobreza

• El sindicato exige profundizar en la negociación y acordar de manera inmediata los temas aún pendientes en el diálogo social para que las familias encaren la recuperación con garantías

La Unión General de Trabajadores valora las medidas adoptadas hoy por el último Consejo de Ministros del año, en un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en el orden social y tendentes a paliar la situación de muchas familias de nuestro país. Sin embargo, considera que estas medidas, aunque importantes, son insuficientes y dejan fuera los aspectos esenciales que hay que eliminar de la reforma laboral y la reforma de pensiones.

Medidas sociales fruto del diálogo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y fruto también de las movilizaciones que, convocadas tanto por los sindicatos como por los diversos actores sociales, están inundando las calles de nuestro país durante los últimos años, que no reflejan sino el malestar ante las políticas de austeridad y recorte aplicadas por el Partido Popular y la necesidad de activar los mecanismos necesarios para que las familias tengan una recuperación digna.

Pese a ello, UGT reclama continuar profundizando en la negociación y el acuerdo para solucionar los problemas de las personas y acordar de manera inmediata los temas aún pendientes en el diálogo social, que permitirá a la población de este país encarar la senda del crecimiento económico con plenas garantías.

Revalorización de las pensiones al IPC anual

Alguna de estas medidas supone la revalorización de las pensiones un 1,6% en base a la inflación media entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, algo que UGT llevaba reclamando desde que el Gobierno del PP aprobase su reforma de 2013 y cuyo criterio resulta más beneficioso para los pensionistas, que ya no dependerán de la variación de los precios del petróleo o la electricidad a final de año para ver cómo aumenta o disminuye su pensión.

Pero esto no resuelve la revalorización de cara a futuro, que debe estar vinculada al IPC de manera automática y de forma indefinida en el tiempo. Para el sindicato, hay que volver al acuerdo de 2011 y derogar la reforma de 2013 del Gobierno del PP, que eliminó la revalorización automática de las pensiones e introdujo el factor de sostenibilidad, que de aquí a 2050 rebaja la pensión un 30%.

Nuestro país está creciendo, y la riqueza tiene que repartirse no solo a los bolsillos de unos pocos, sino también a los salarios y las pensiones, que vienen sufriendo las políticas de austeridad y recorte del anterior Gobierno muchos años, que ha provocado que alrededor del 40% de los pensionistas se encuentre en el umbral de la pobreza, una cifra inasumible.

Además, hay que asegurar la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social, que no tiene un problema de gasto, sino de ingresos. Gastamos menos que la media de la eurozona. Hay que recaudar más, complementando las cotizaciones sociales con impuestos, destopando la pensión máxima, quitando gastos que no le son propios al sistema, eliminando las bonificaciones a la contratación, subiendo los salarios y acabando con el fraude fiscal.

En contra de lo que consideran muchos, nuestro país sí puede pagar las pensiones, aumentando el número de pensionistas en relación a la actualidad, manteniendo el poder adquisitivo y sin necesidad de recortes. Solo es cuestión de voluntad política.

Por ello, UGT insta al Gobierno a ligar la subida de las pensiones al IPC en la Ley General de Seguridad Social con el fin de proteger a nuestros pensionistas y aumentar de manera estructural el poder adquisitivo de uno de los colectivos más vulnerables en nuestro país. Además, el sindicato exige al Ejecutivo intensificar las negociaciones en la mesa de diálogo social para derogar la reforma de 2013, tan lesiva para nuestros pensionistas presentes y futuros.

Multas para los contratos de muy corta duración

Otra de las medidas supone encarecer un 40% la cotización de los contratos de cinco días o menos, con el fin de disuadir a las empresas de abusar de los contratos temporales, como vienen realizando durante los últimos años gracias a la reforma laboral de 2012.

UGT valora esta medida y reclama, además de la derogación de la reforma laboral de 2012, fuente del aumento de la temporalidad y la precariedad del empleo, más controles de la Inspección en las empresas y administraciones para estos contratos, sancionando su uso injustificado. Además, el sindicato exige una justificación previa para el uso de esta modalidad contractual, la fijación de topes específicos al encadenamiento de los mismos y ampliar el ámbito de aplicación del recargo en la cuota a los contratos indefinidos de muy corta duración.

UGT considera también imprescindible regular el control horario en las empresas como una de las medidas fundamentales para luchar contra el fraude laboral.

Todo ello con el objetivo de desincentivar a las empresas a recurrir a este tipo de contratos y a aumentar los ingresos del sistema de la Seguridad Social.

Sanciones para el trasvase irregular de asalariados en falsos autónomos

El Real Decreto-Ley también aprueba una infracción para sancionar el trasvase irregular de trabajadores asalariados al régimen de autónomos, de tal forma que las empresas serán multadas por cada conversión a falso autónomo con entre 3.126 euros y 10.000 euros.

Para UGT, es una buena noticia que se combata por fin el abuso de las empresas sobre los falsos autónomos. De esta forma, se establecen mecanismos de control y sanción para aquellas empresas que utilicen la figura del autónomo TRADE de forma fraudulenta e incumplen la legislación laboral, así como lo dispuesto en el capítulo III del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Sin embargo, el sindicato reclama que esta multa afecte también a las empresas que recurren a los falsos autónomos desde un inicio, como es el caso de las plataformas digitales que basan su modelo laboral en la relación con los autónomos, o de algunos sectores que abusan de los falsos autónomos, como el transporte, los medios de comunicación, la arquitectura o la abogacía.

Seguir acordando en el diálogo social

La Unión General de Trabajadores destaca que en el texto aprobado hoy no se contemplan modificaciones en relación a materias que debían haber sido objeto de modificación en este Real Decreto-Ley, como es el caso de la recuperación del subsidio para mayores de 52 años; la limitación a la subcontratación con la obligatoriedad de que las empresas auxiliares adopten el convenio sectorial o el de la empresa principal; el restablecimiento de la ultraactividad de los convenios colectivos; o la prevalencia del convenio sectorial sobre el de la empresa, y urge al Gobierno a intensificar la negociación y alcanzar un acuerdo que permita revertir los elementos más lesivos de la reforma laboral.

Junto a estas medidas, el sindicato echa en falta la previsión de una nueva regulación del contrato de relevo acorde a nuestra petición de "universalización del mismo", o la recuperación del contrato de relevo en las condiciones de su puesta en marcha como elemento esencial para el traslado de conocimiento, rejuvenecimiento de las plantillas, mejora de productividad de las empresas y creación de empleo en condiciones de estabilidad, tal y como se acordó en a través del Anexo "Acuerdos en el ámbito bipartito que deben ser desarrollados en el ámbito tripartito con el Gobierno de España".

Además, UGT considera imprescindible una propuesta de modelo de sistema de protección por desempleo, con la participación de los interlocutores sociales, que absorba al colectivo de potenciales beneficiarios del PAE y del PREPARA, algo que el Real Decreto-Ley tampoco especifica. Es necesario también comenzar la negociación para reformar el sistema de protección por desempleo, fruto de la reforma laboral de 2012, que deja fuera de cobertura a la mitad de los parados.

UGT exige también medidas que fomenten la igualdad salarial y laboral de manera efectiva y real, impulsando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el fin de acabar con la brecha existente entre hombres y mujeres en el mercado laboral y con el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo; y políticas que protejan la salud laboral de los trabajadores y erradiquen la siniestralidad y las enfermedades profesionales, una lacra que aún asola a nuestro sistema productivo, que provoca la muerte de dos personas en accidentes de trabajo por cada día laborable y que se accidentan más de un millón de trabajadores y trabajadoras al año.

Por todo ello, el sindicato demanda al Gobierno voluntad de acuerdo para acordar de manera inmediata estos temas en las mesas aún abiertas en el diálogo social, con el fin de solucionar los problemas aún pendientes de nuestros ciudadanos. Hay muchos colectivos que aún ven la recuperación muy de lejos y a los que hay que dar una respuesta de manera acuciante.

► Audio de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT