El pasado día 13, una mayoría parlamentaria de 178 diputados pertenecientes a PSOE, Podemos, Partido Democrático de Cataluña, Esquerra Republicana y EAJ-PNV, a iniciativa de una mayoría social correspondiente a las dos grandes centrales sindicales de este país, UGT y CCOO, registrábamos una proposición de ley en el Congreso de los Diputados relativa a la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones para el año 2017 y de medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social. Una iniciativa para defender y asegurar el futuro de las pensiones frente a quienes tras la palabra “reforma” solo buscan recortar derechos. Buscamos situar en el centro del debate político la necesidad de aumentar los ingresos de la Seguridad Social, pues el problema no es el sistema de pensiones, sino la falta de ingresos.

Como toda iniciativa, hay una idea que nos mueve, una circunstancia que origina nuestra respuesta. Y es que, llegadas estas fechas, se plantea como cada año la necesidad de revalorización de las pensiones, y como ya comienza a ser frecuente en todo lo que rodea a esta cuestión, todo se complica, se vuelve difícil y excepcional. Como lo es el hecho de que para cada abono de la extra a los pensionistas, el Gobierno tenga que recurrir al fondo de reserva. Ahora, el Gobierno ha sembrado la incertidumbre entre los más de nueve millones de pensionistas, creando dudas acerca de su capacidad para abordar en estas circunstancias la revalorización de las pensiones. Excusas, pues lo que el Gobierno no dice, es que no quiere garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

Nuestro objetivo es, ya que el Gobierno no se hace cargo, que el Parlamento -con sus poderes plenos e indiscutibles- tome en sus manos la defensa y garantía del poder adquisitivo de los pensionistas. Este es el verdadero asunto que el Gobierno del PP se niega a hacer, porque es contrario a sus ideas, y a su propia reforma de pensiones en vigor, ya que el Índice de Revalorización aprobado en su reforma de pensiones de 2013 provoca la pérdida continuada del poder adquisitivo de los pensionistas de este país.

Podría decirse que hasta ahora el Gobierno ha tenido suerte y no ha tenido que afrontar públicamente la devaluación y recorte de las pensiones que lleva implícita su reforma, pues hasta ahora esto ha quedado disimulado por un contexto excepcional en el que la inflación desde 2013 no subía, pero en 2017 subirá cinco veces el 0,25% que el Gobierno está dispuesto a subir las pensiones (según sus propias estimaciones de precios al consumo). Para nosotros esto es inaceptable, tanto para UGT y CCOO, como para los grupos políticos que nos apoyan en esta proposición de ley.

Este es sólo el primer paso, pues de inmediato vamos a exigir la derogación total de lo que consideramos un mecanismo indigno e injustificado: el Índice de Revalorización que impuso el Gobierno en su reforma de las pensiones de 2013. Una reforma contra todos, unilateral, basada sólo en su mayoría absoluta. Una reforma contra el Pacto de Toledo, contra el consenso que defiende las pensiones. Una reforma, en ese sentido, ilegítima. Nuestra proposición de ley va contra este mecanismo, lo deja en suspenso en 2017, como condición necesaria para que se pueda asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. En esta misma línea, vamos a pedir a las fuerzas políticas que apoyen el establecimiento de forma urgente de nuevas fuentes de financiación que restablezcan el equilibrio de la Seguridad Social, con modificaciones que mejoren los ingresos por cotizaciones, pero sobre todo, estableciendo una fuente de financiación con cargo a los impuestos que asegure la suficiencia del sistema.

El pasado día 13, la labor de diálogo y consenso cristalizó en el acto de registro de nuestra proposición de ley. Este consenso político y social que hemos logrado ahora es clave, pues dibuja un panorama nuevo, la posibilidad de recuperar y fortalecer el Pacto de Toledo, de convertirlo en lo que originalmente fue: la garantía de un sistema público de pensiones suficientes para mantener el nivel de vida futuro en la jubilación de los ciudadanos.

Las pensiones públicas están amenazadas, todos lo sabemos, pero hoy estamos en mejores condiciones que ayer para defenderlas. Porque hoy contamos con una mayoría de fuerzas políticas y sindicales para trabajar codo con codo por el mantenimiento futuro de pensiones públicas suficientes. Y porque demostramos que con diálogo y consenso todo es posible, otras políticas son posibles. El futuro de nuestras pensiones es nuestro reto y está en nuestras manos.

Mari Carmen Barrera - Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT