Este año se conmemora el 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, coincidiendo el 3 de mayo con la fecha de su ratificación en España. Para UGT, esta efeméride marca un punto de inflexión histórico al consolidar un enfoque basado en los derechos humanos, dejando atrás el modelo asistencialista que durante años condicionó tanto la percepción social como las políticas dirigidas a las personas con discapacidad. La aprobación de la Convención supuso un avance decisivo en el reconocimiento de derechos en igualdad, así como en la promoción de la inclusión social y laboral, aunque todavía existen importantes retos para garantizar su pleno cumplimiento.
Desde UGT se subraya la necesidad de reforzar el compromiso político y social para asegurar la igualdad real y efectiva. A través del Diálogo Social y la participación activa de las organizaciones sindicales, resulta imprescindible impulsar políticas que eliminen cualquier forma de discriminación y garanticen la inclusión plena en todos los ámbitos. Esto implica avanzar en una legislación más sólida a nivel europeo, garantizar la accesibilidad universal, promover entornos laborales inclusivos y atender especialmente a situaciones de discriminación múltiple, como la que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. Asimismo, se destaca la importancia de asegurar derechos fundamentales como la educación inclusiva, el acceso a la vivienda digna y la participación plena en la sociedad.
UGT reclama también medidas concretas que favorezcan el empleo inclusivo y de calidad, combatan las altas tasas de inactividad y superen las limitaciones actuales en la contratación de personas con discapacidad. Es necesario garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa contra la discriminación, impulsar estrategias de empleo que faciliten el acceso y la permanencia en el mercado laboral ordinario, y eliminar barreras que dificultan la igualdad de oportunidades. En definitiva, la discapacidad debe ser entendida como una cuestión de derechos humanos, donde las personas con discapacidad sean reconocidas como parte activa de la sociedad, con plena participación, autonomía e igualdad de condiciones.

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